El discurso eclesial evita sistemáticamente hablar de capital y trabajo como clases antagonistas. La explotación desaparece como categoría y es reemplazada por nociones éticas generales: injusticia, desigualdad, exclusión. El trabajo no aparece como una mercancía sometida a la ley del valor, sino como un valor moral abstracto, casi espiritual, que debe ser “cuidado” por todos los actores sociales.
Esta forma de abordar el problema no es neutral. Al deshistorizar la relación salarial, la Iglesia naturaliza el capitalismo. El conflicto no surge de la dinámica objetiva de la acumulación, sino de los desvíos morales, de excesos ideológicos o falta de sensibilidad. El capital no explota: se equivoca. Y si se equivoca, puede corregirse sin alterar las relaciones sociales de fondo.
En este marco, la solución propuesta es siempre el diálogo. La Iglesia llama al “encuentro entre sectores”, a la responsabilidad compartida y a la paz social. Capital y trabajo aparecen como partes simétricas que deben escucharse mutuamente. El antagonismo de clase se diluye en una ética de la conciliación.
Desde el punto de vista marxista, este planteo es profundamente conservador y reaccinario. No porque la Iglesia apoye abiertamente el proyecto de la reforma laboral —muchas veces la critica—, sino porque niega el carácter estructural del conflicto. Si el problema es la falta de diálogo, la solución nunca será la lucha de clases, sino la mediación.
Esta función conciliadora no es nueva. Históricamente, la Iglesia ha actuado como factor de cohesión del orden social en momentos de crisis. Su preocupación central no es la superación de la explotación capitalista, sino la preservación del tejido social frente a los efectos más destructivos del capital. No busca derrotar el ajuste, sino evitar que genere rupturas sociales incontrolables.
Por eso su crítica a la reforma laboral es siempre moderada. Se cuestionan las formas, los tiempos, la dureza del discurso oficial, pero no la lógica que lo sustenta. Nunca se plantea que el capital necesita degradar las condiciones de trabajo para sostener la rentabilidad. Esa explicación queda fuera de su horizonte.
El discurso de la “dignidad del trabajo” cumple aquí un rol ideológico clave. Al separar el trabajo de las relaciones sociales que lo determinan, permite denunciar la precarización sin explicar sus causas. El salario se convierte en un problema moral, no económico. El trabajador es una víctima, no un sujeto explotado en una relación social específica.
Esta visión empalma perfectamente con el peronismo y la burocracia sindical integrado al capital. Todos comparten el mismo marco: capitalismo con rostro humano, regulación estatal, negociación permanente. La Iglesia no es una voz disonante, sino una pieza más del dispositivo de contención social que busca canalizar el malestar sin poner en cuestión el orden social existente.
Desde una perspectiva materialista, el límite de esta posición es evidente. La explotación no se corrige con exhortaciones éticas. La conciliación de clases no elimina la subordinación del trabajo al capital. Mientras la Iglesia se niegue a reconocer el carácter estructural de la relación salarial, su intervención seguirá funcionando como un freno ideológico a la radicalización de la crítica.
El proyecto de reforma laboral de Milei vuelve a poner esto en evidencia. Frente a una ofensiva abierta del capital, la Iglesia responde con moralismo. Y el moralismo, en política, no es neutral: desarma la comprensión del conflicto y refuerza la estabilidad del sistema.
Socialismo, Partido Comunista y progresismo: críticas al ajuste sin ruptura con el capital
Frente a esta avanzada del capital sobre el trabajo del gobierno de Milei, los partidos y corrientes que se reclaman socialistas, comunistas o progresistas adoptaron una posición crítica. Denuncian el retroceso en derechos, el impacto social negativo y la brutalidad del ajuste. Sin embargo, más allá del tono opositor, sus lecturas comparten un límite estructural: aceptan el capitalismo como horizonte y discuten la reforma solo en términos de sus efectos, no de sus causas.
El Partido Socialista Argentino ofrece un ejemplo claro. Su rechazo a la reforma se articula en torno a la defensa de la institucionalidad burguesa, la Constitución y los consensos democráticos. El problema central no sería la subordinación del trabajo al capital, sino la ruptura de las reglas, el autoritarismo o la falta de diálogo parlamentario. El conflicto de clase queda desplazado por un lenguaje republicano que despolitiza la explotación.
En esta visión, el mercado de trabajo no es una relación social atravesada por la ley del valor, sino un espacio que puede funcionar “mejor” si está correctamente regulado por el Estado. La crítica apunta al “exceso” liberal, no a la lógica capitalista que lo produce. El socialismo se reduce, así, a un reformismo jurídico que defiende el pasado sin cuestionar sus límites históricos.
El Partido Comunista Argentino adopta un discurso más combativo, pero su estrategia converge en otro punto problemático: el frentepopulismo. La reforma laboral es denunciada como una política “neoliberal” que debe ser enfrentada mediante la unidad de un campo nacional y popular amplio, encabezado por un Estado fuerte. El enemigo no es el capital como relación social, sino una fracción “antipopular” del mismo.
Esta lectura fragmenta el análisis de clase. El capital deja de ser una totalidad social y se divide entre “bueno” y “malo”, “productivo” y “financiero”, “nacional” y “externo”. La explotación queda subordinada a una narrativa de desarrollo nacional que no cuestiona la relación salarial, sino que busca gestionarla de otra manera.
El progresismo, por su parte, se mueve casi exclusivamente en el terreno de la sensibilidad social. El proyecto de la reforma laboral es criticada por su crueldad, por el sufrimiento que genera y por el aumento de la desigualdad. Pero estas categorías, aunque reales, no explican nada por sí mismas. Describen consecuencias sin analizar las causas sin atacar las causas que la generan.
En el discurso progresista, el ajuste aparece solo como una decisión ideológica equivocada, no como una necesidad estructural del capital. Milei es presentado como un fanático insensible, no como el ejecutor de una lógica que atraviesa a los gobiernos de distinto signo. La explotación se transforma en un problema de empatía.
Este enfoque termina empalmando con la Iglesia y con la burocracia sindical peronista. Todos comparten una crítica moral al ajuste y una defensa abstracta de los derechos, pero eluden explicar por qué esos derechos son permanentemente erosionados bajo el capitalismo. El sistema aparece como corregible; el conflicto, como administrable.
Desde una perspectiva de clase, este es el límite común de estas corrientes. Rechazan la reforma laboral, pero no cuestionan la relación social que la hace necesaria. Defienden al trabajo, pero no ponen en discusión el trabajo asalariado como forma histórica de explotación bajo el sistema capitalista.
El resultado es una oposición que puede frenar parcialmente el avance del capital, pero no ofrecer una salida estratégica. Se discute cómo gestionar el capitalismo, no cómo superarlo. Se combate el ajuste, pero no la lógica que lo reproduce.
El proyecto de reforma laboral de Milei expone con crudeza este límite. Obliga a elegir entre una crítica que se queda en la superficie —derechos, sensibilidad, institucionalidad— y una crítica que va a la raíz del problema: la subordinación del trabajo al capital.
Cerrar los ojos frente a esa raíz puede servir para construir alianzas electorales o discursos moderados. Pero no sirve para explicar por qué, una y otra vez, el capital vuelve a avanzar sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y sin explicación, no hay estrategia.
¿Por qué la crítica moral no alcanza?
A lo largo de esta serie analizamos el proyecto de reforma laboral impulsada por el gobierno derechista de Javier Milei desde distintos ángulos: el discurso liberal, el consenso burgués, el rol del sindicalismo, la respuesta del trotskismo, la intervención de la Iglesia y las posiciones del socialismo institucional y el progresismo. El recorrido deja una conclusión nítida: la crítica dominante a la reforma es, en su mayoría, moral. Y ese es su principal límite.
Esta reforma laboral genera rechazo porque es brutal, explícita y regresiva. Se la percibe como injusta, insensible o cruel. Pero estas categorías, aunque expresan un malestar real, no explican nada por sí mismas. El capitalismo no se mueve por justicia o injusticia, sino por la lógica de la acumulación. Cuando esta lógica entra en tensión, el ajuste sobre el trabajo reaparece inevitablemente.
Reducir el problema a la maldad de un gobierno o a la ideología "neoliberal" de un presidente conduce a una falsa salida. Milei no inventó la necesidad de la reforma laboral. La ejecuta de una forma descarnada, pero su contenido responde a presiones estructurales que atraviesan a todo el arco político burgués. Por eso, más allá del escándalo discursivo, el consenso de fondo permanece intacto.
El liberalismo idolatra el contrato y la llama "libertad" a la coerción económica. El peronismo y el progresismo critican las formas, pero aceptan el diagnóstico. La burocracia sindical peronista administra el conflicto sin cuestionar la relación salarial. La Iglesia moraliza la explotación y predica la conciliación. El trotskismo grita “esclavitud” y reemplaza el análisis por indignación. Distintos lenguajes, el mismo límite.
Ese límite es la renuncia a analizar la relación capital–trabajo como una relación social histórica. Cuando la explotación se convierte en un problema ético, jurídico o comunicacional, deja de ser entendida como un mecanismo estructural. El salario aparece como un derecho vulnerado, no como el precio de una mercancía determinado por la ley del valor.
Desde el marxismo, la pregunta no es si la reforma es buena o mala, sino por qué el capital necesita impulsarla constantemente. Y la respuesta remite a la crisis de rentabilidad, a la presión de la competencia, a la existencia de una gran población obrera desocupada y a la tendencia permanente a abaratar la fuerza de trabajo. Nada de esto se resuelve con sensibilidad social.
La crítica moral tiene una ventaja: es fácil, inmediata y movilizadora. Pero también tiene un costo político enorme: impide construir una estrategia politica. Si el problema es la crueldad, la solución es humanizar. Si el problema es el exceso, la solución es moderar. Si el problema es Milei, la solución es reemplazarlo en futuras elecciones. En todos los casos, el capitalismo queda intacto.
Una crítica marxista no parte de la nostalgia por derechos pasados ni de la defensa abstracta del Estado burgues. Parte de entender que esos derechos son siempre precarios bajo el capitalismo, porque chocan con las necesidades de la acumulación. Defenderlos sin cuestionar esa lógica es quedar atrapado en una resistencia defensiva permanente.
Esto no significa despreciar las luchas inmediatas ni minimizar la gravedad de la reforma. Significa darles un contenido político más profundo. Luchar contra la reforma laboral sin explicar la relación salarial que la genera es preparar el terreno para la próxima derrota.
Esta serie de entradas buscó, precisamente, correr el eje del debate. Pasar del escándalo a la estructura, del moralismo al análisis, de la indignación a la comprensión. No para resignarse, sino para dejar de pelear con categorías del enemigo.
Mientras el trabajo siga siendo una mercancía y la vida esté subordinada a la valorización del capital, las reformas laborales regresivas no serán una anomalía, sino una constante histórica. Entender esto no garantiza la victoria absoluta, pero ignorarlo garantiza la derrota.
La crítica moral puede servir para descargar la bronca acumulada. El marxismo sirve para entender por qué esa bronca se reproduce una y otra vez. Y sin comprensión, no hay emancipación posible de los lazos del capital.-
_
