El decreto de “Estado de conmoción exterior” promulgado por el gobierno interino de Venezuela (06/01/26), encabezado por Delcy Rodríguez (figura central del derrotado régimen de Maduro para la transición) y avalado de hecho por Washington, ha sido presentado como una respuesta defensiva frente a una supuesta agresión externa latente. Esta caracterización remite inmediatamente al uso ideológico del concepto de soberanía nacional, tratado como si se tratara de una categoría neutra y transhistórica, cuando en realidad toda soberanía es siempre la soberanía de una clase y se ejerce por sobre una mayoría mediante un aparato de Estado históricamente determinado [1].
Esta interpretación ha sido repetida de manera acrítica por amplios sectores del progresismo y de la izquierda latinoamericana, que reducen el análisis político a una oposición abstracta entre imperialismo y naciones oprimidas, omitiendo deliberadamente el examen de las relaciones de clase que subyacen internamente [2]. Desde una perspectiva marxista, sostenemos que el decreto no expresa ninguna defensa de la soberanía popular, sino un mecanismo de profundización de la dominación de clase, por parte de la burocracia estatal-militar que dirige el capitalismo de Estado venezolano.
El silencio de la izquierda
Uno de los hechos políticamente más significativos es la virtual ausencia de repudio por parte de todo el arco político de la izquierda y el progresismo latinoamericano ante la instauración del régimen de excepción. Este silencio no es accidental: es la consecuencia lógica de una inversión del método marxista, que desplaza el eje del análisis desde las relaciones sociales de producción hacia una geopolítica vulgar de alineamientos estatales [3].
Para estos sectores izquierdistas muchos de ellos nacionalistas, estatistas, resulta más importante denunciar el supuesto “robo” de los recursos venezolanos que defender las libertades democráticas elementales de una clase obrera que ha sido llevada a su pauperizacion y la destrucción de sus organizaciones políticas perseguidos o adaptadas al estado chavista so pena de ser ilegalizadas, por los mismos aparatos que hoy dicen proveerles seguridad. La suspensión de garantías constitucionales, la criminalización de la protesta y la persecución política son justificadas en nombre de una soberanía nacional mistificada, presentada como un bien abstracto separado de las clases sociales realmente existentes en su estructura [1].
El decreto y su función real
El decreto de conmoción exterior implicó la suspensión de garantías constitucionales básicas, restricciones severas a la movilidad, prohibición de manifestaciones no autorizadas y una ampliación sustancial de las facultades represivas del aparato estatal chavista. Estas medidas fueron justificadas oficialmente como necesarias para preservar el orden institucional frente a las amenazas externas, recurriendo al argumento clásico del “estado de excepción temporal” [5].
Sin embargo, el marxismo parte de un principio elemental: el Estado no se define por su discurso jurídico, sino por su función social. Como señalaron Marx y Engels, el Estado es una forma histórica de organización del poder de clase, cuya función es garantizar la reproducción del orden social dominante. En este marco, el decreto debe entenderse como una respuesta a la crisis interna del régimen y al riesgo de recomposición de la lucha de clases, no como una defensa frente a una agresión externa.
El Estado como instrumento de una burguesía de Estado
Desde el punto de vista marxista, el Estado no es un árbitro neutral, sino “el poder organizado de una clase para la opresión de otra”. En Venezuela, este poder se encarna en una burguesía de Estado organizada como burocracia civil-militar, que controla los recursos estratégicos, renta, comercio exterior y aparato coercitivo, y que extrae un excedente mediante mecanismos capitalistas bajo formas estatales [4].
El estado de excepción es el instrumento mediante el cual esta fracción dominante de la burguesía refuerza su control sobre la sociedad. La represión no se orienta prioritariamente contra el imperialismo, sino contra la clase obrera interna y los sectores populares, funcionando como un mecanismo preventivo frente a posibles estallidos sociales internos en un contexto de colapso económico y deslegitimación política [11].
Bonapartismo y autonomización del Ejecutivo
La concentración extraordinaria de poder en el Ejecutivo nos remite directamente a la categoría de bonapartismo desarrollada por Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Esta categoría no describe solo un estilo personal de gobierno, sino una forma específica de dominación política en la que el Ejecutivo se vuelve autónomo relativamente de la sociedad, apoyándose en la burocracia y el aparato militar para preservar el orden social existente [6].
El régimen venezolano reproduce este esquema: suspensión de garantías, fortalecimiento del aparato represivo y utilización del conflicto externo como coartada ideológica. El Ejecutivo se presenta como un árbitro situado por encima de las clases sociales, cuando en realidad actúa como garante de los intereses de la burguesía de Estado, encubriendo esta función bajo una apariencia de neutralidad institucional [7].
Nacionalismo y fetichismo de la soberanía
La coerción estatal se complementa con una intensa producción ideológica. Como señalaron Marx y Engels en La ideología alemana, las ideas dominantes son siempre las ideas de la clase dominante. En este caso, el discurso de la soberanía nacional cumple una función decisiva al presentar los intereses de la burocracia estatal-militar como si fueran los intereses generales de la nación [8].
Esta operación constituye un fetichismo de la soberanía: una abstracción política que oculta relaciones sociales concretas de una dominación de clase, del mismo modo que el fetichismo de la mercancía oculta la explotación bajo el velo del intercambio [9]. El conflicto de clases es desplazado ideológicamente hacia una falsa confrontación entre la “patria” y el “enemigo externo”.
La falsa alternativa impuesta a la clase obrera
El resultado político de este proceso es la imposición de una falsa polarización politica. Por un lado, el imperialismo estadounidense y sus aliados locales, que impulsan una restauración neoliberal abierta; por otro, la burocracia estatal-militar, que administra un capitalismo de Estado autoritario y represivo. Esta polarización no es una descripción neutral de la realidad social, sino un dispositivo político que bloquea la emergencia de una alternativa de la clase obrera independiente [10].
El régimen de excepción no resuelve ninguna de las condiciones materiales que afectan a la clase obrera venezolana como ser —hambre, hiperinflación, precarización y colapso de los servicios públicos—. Su función es administrar la crisis social y económica mediante la represión estatal, la criminalización de la protesta y el control social preventivo [11].
Conclusion: El “Estado de conmoción exterior” aplicado por el chavismo reciclado no constituye una defensa de la soberanía popular, sino un reforzamiento del aparato represivo del Estado al servicio de una fracción específica del capital. La defensa acrítica de este régimen por parte de sectores de izquierda no solo no fortalece la lucha contra el imperialismo, sino que legitima la represión contra la propia clase trabajadora [12].
Renunciar al análisis de clase en nombre de un antiimperialismo abstracto implica una capitulación política, esto significa abandonar la defensa de las libertades democráticas y adaptarse al poder estatal existente [13]. El caso venezolano confirma una tesis central del marxismo: cuando las contradicciones de clase se agudizan y el consenso institucional se erosiona, el Estado tiende a mostrarse de manera cada vez más abierta como lo que siempre fue: un aparato de coerción al servicio de la clase dominante. [14]
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Notas
[1] El uso del término “soberanía” en el discurso oficial debe ser analizado con extremo cuidado. En el marxismo no existe ninguna noción transhistórica de soberanía nacional: toda soberanía es siempre soberanía de una clase determinada, ejercida mediante un Estado históricamente situado. La apelación abstracta a la soberanía suele funcionar como cobertura ideológica de relaciones sociales concretas de dominación.
[2] La caracterización del régimen venezolano como “antiimperialista” omite sistemáticamente el análisis de las relaciones sociales internas de producción y del carácter de clase del Estado. Esta omisión no es un error teórico inocente, sino una operación política que reemplaza el análisis materialista por una geopolítica vulgar de bloques enfrentados.
[3] La izquierda que justifica la suspensión de libertades democráticas en nombre del enfrentamiento al imperialismo incurre en una inversión completa del método marxista. Para Marx, la cuestión central nunca fue qué Estado se enfrenta a cuál, sino qué clase domina y bajo qué formas políticas ejerce su poder politico.
[4] Cuando aquí se habla de “burguesía de Estado” no se alude a una metáfora ni a una desviación moral del socialismo, sino a una fracción social concreta que controla los medios de producción, renta, comercio exterior y aparato coercitivo, y que extrae excedente mediante mecanismos capitalistas, aunque bajo formas estatales.
[5] El argumento según el cual las restricciones a las libertades son “temporales” o “necesarias” en contextos excepcionales ignora un hecho histórico elemental: los estados de excepción tienden a consolidarse y a normalizarse, especialmente cuando cumplen una función estructural en la preservación del orden social existente.
[6] La categoría de bonapartismo no debe entenderse como una descripción psicológica del liderazgo político, sino como una forma específica de dominación política en la que el Ejecutivo se vuelve autónomo relativamente de la sociedad, apoyándose en la burocracia y el aparato militar, sin dejar por ello de servir a intereses de clase bien definidos.
[7] La presentación del Ejecutivo como “árbitro” por encima de las clases sociales constituye una de las mistificaciones centrales del bonapartismo. En realidad, esta supuesta neutralidad es la forma política que adopta la dominación cuando las clases fundamentales no logran imponer su hegemonía de manera estable.
[8] El nacionalismo estatal cumple una función análoga a la de la mercancía en el análisis de Marx: oculta las relaciones sociales concretas bajo formas aparentemente universales. Hablar en nombre de “la patria” permite borrar, en el plano ideológico, la división entre explotadores y explotados.
[9] El fetichismo de la soberanía no implica negar la existencia de presiones o conflictos interestatales reales, sino señalar que estos conflictos son utilizados ideológicamente para subordinar a la clase trabajadora a los intereses de su propia burguesía interna—en este caso, una burguesía de Estado.
[10] La falsa polarización entre imperialismo y burocracia estatal-militar no es una casualidad discursiva, sino un dispositivo político que bloquea la emergencia de una alternativa de clase independiente. La clase obrera es empujada a elegir entre dos variantes de dominación capitalista.
[11] La criminalización de la protesta y la persecución de la prensa no deben analizarse como “excesos” o “desviaciones autoritarias”, sino como mecanismos preventivos frente a una posible recomposición de la lucha de clases en condiciones de crisis económica aguda.
[12] La defensa acrítica del régimen venezolano por parte de sectores de izquierda no fortalece la lucha contra el imperialismo, sino que la debilita, al identificar el socialismo con formas estatales represivas y con la negación de derechos democráticos elementales a la clase obrera como ser: el derecho a la protesta, la libertad de reunión y la libertad de prensa .
[13] Desde el punto de vista marxista, no existe contradicción entre la defensa de las libertades democráticas y la crítica al imperialismo. Por el contrario, la renuncia a esas libertades en nombre de un antiimperialismo abstracto implica una adaptación directa al poder estatal existente.
[14] El caso venezolano confirma una tesis clásica del marxismo, cuando las contradicciones de clase se agudizan y el consenso institucional se erosiona, el Estado tiende a mostrarse de manera cada vez más abierta como lo que siempre fue: un aparato de coerción al servicio de la clase dominante.
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