8M, feminismo y la adaptación de la izquierda trotskista a la ideología

Las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer volveran a llenar las calles de Buenos Aires y de otras ciudades de Argentina el lunes 9/3. Como ocurre desde hace años, las organizaciones de izquierda —en particular las trotskistas— participaran activamente de la marcha, levantando las consignas feministas y presentando el movimiento como uno de los ejes centrales de la lucha social contemporánea.

Sin embargo, detrás de esa participación se esconde un problema político de fondo: la adaptación de amplios sectores de la izquierda al marco ideológico del feminismo dominante o burgués. Es decir, la aceptación —muchas veces acrítica— de una explicación de la opresión que desplaza el análisis marxista de la explotación capitalista hacia una lectura basada en el antagonismo entre los sexos.

El resultado es una paradoja: las organizaciones que se reivindican socialistas terminan reproduciendo categorías teóricas ajenas al marxismo.

El patriarcado como sustituto del capital

El núcleo del problema radica en la categoría de “patriarcado”. En el discurso feminista burgués o pequeñoburgués—y hoy también en gran parte de la izquierda trotskista— el patriarcado aparece como un sistema de dominación autónomo, paralelo al capitalismo. Bajo esta lógica, la sociedad estaría estructurada por dos grandes sistemas de poder: el capital y el patriarcado. Pero esta formulación introduce un desplazamiento decisivo y contradictorio. Si el patriarcado es un sistema independiente, entonces el antagonismo fundamental deja de ser exclusivamente entre capital y trabajo. La lucha social pasa a definirse también —y a veces principalmente— como un conflicto entre hombres y mujeres.

Este planteo choca frontalmente con un enfoque materialista histórico. Para la izquierda anclada en la tradición del socialismo de Marx y Engels, las formas de opresión deben analizarse en relación con la estructura del modo de producción capitalista. La subordinación de las mujeres no es un sistema autónomo que atraviesa la historia de manera inmutable; está ligada a formas históricas concretas de la organización de la producción y la reproducción social.

Esto ya había sido señalado magníficamente por Federico Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde la opresión de las mujeres se vincula con el desarrollo de la propiedad privada y la familia monogámica. La teoría del patriarcado, en cambio, tiende a deshistorizar el problema y a convertir la relación entre los sexos en el eje central de la dominación social.

La izquierda siguiendo a la ideología dominante

Lo llamativo es que esta perspectiva no surge del marxismo sino del desarrollo del feminismo académico y de sus corrientes políticas pequeñoburguesas. Sin embargo, gran parte de la izquierda trotskista la ha incorporado sin demasiadas mediaciones y críticas. En lugar de someter estas teorías a una crítica materialista profunda, se las adopta como si fueran una extensión natural del marxismo.

La razón de esta adaptación no es difícil de entender. El feminismo se convirtió en una de las ideologías progresistas más dominantes en amplios sectores de la pequeñaburguesía y en sus nichos ideológicos. En ese contexto, muchas organizaciones de izquierda han optado por acompañar esa corriente en lugar de confrontarla de manera crítica. En otras palabras, el feminismo funciona como una puerta de entrada a nuevos espacios de militancia, particularmente en las universidades y en los sectores juveniles.

El problema es que, al hacerlo, la izquierda termina incorporando categorías políticas que diluyen la centralidad de la lucha de clases por una que se diluye en el sexo.

El sujeto político de la clase a la identidad

Esta adaptación se refleja con claridad en la definición del sujeto político. Para el marxismo, el sujeto potencial de transformación social es la clase trabajadora. No porque sea moralmente superior, sino porque su posición en la producción social la coloca en antagonismo directo con el capital. El feminismo dominante, en cambio, construye su sujeto político a partir de una identidad: las mujeres.

Aquí aparece una dificultad evidente. “Las mujeres” no constituyen una clase social. Dentro de esa categoría conviven trabajadoras precarizadas, desocupadas, profesionales de la pequeñaburguesía, empresarias y funcionarias del Estado. Sus intereses materiales pueden ser —y de hecho son— profundamente distintos. Sin embargo, el discurso feminista tiende a borrar esas diferencias de clases y a presentar a todas ellas como parte de un mismo bloque oprimido.

La consecuencia es una política interclasista, en la que el antagonismo entre capital y trabajo queda desplazado por una identidad común de género.

El feminismo es compatible con el capitalismo

Este desplazamiento también explica por qué muchas de las reivindicaciones centrales del feminismo contemporáneo son perfectamente compatibles con el modo de producción capitalista. La igualdad de género puede expresarse en los directorios de las empresas con paridad de género, mayor presencia femenina en el Estado, acceso de mujeres a cargos de poder, como en ONU, Unión Europea, FMI, Poder Ejecutivo... etc.

Nada de esto cuestiona necesariamente la explotación capitalista. Una multinacional puede tener un directorio con paridad de género y, al mismo tiempo, sostener salarios de miseria o condiciones laborales precarias a muchas mujeres y hombres. Por eso el capitalismo ha demostrado una notable capacidad para absorber y resignificar muchas demandas feministas. La igualdad dentro del sistema no implica la superación del sistema de apropiación de trabajo no pago.

El 8M y la pérdida de su contenido de clase

Hay además una ironía histórica que rara vez se menciona. El Día Internacional de la Mujer fue impulsado originalmente por el movimiento socialista internacional. Su promoción estuvo ligada a figuras socialistas como Clara Zetkin y Alexandra Kollontai, que concebían esta jornada como una instancia de lucha de las mujeres trabajadoras. El eje no era la identidad de género sino la relación entre explotación capitalista y opresión femenina. Hoy, en cambio, el 8M aparece cada vez más como una movilización basada en una identidad amplia de “mujeres y disidencias”, donde el contenido de clase queda en segundo plano. Paradójicamente, buena parte de la izquierda que participa en estas marchas contribuye a consolidar ese desplazamiento.

Una crítica necesaria

Plantear estos problemas suele generar acusaciones automáticas como: “economicismo”, “reduccionismo de clase” o incluso “machismo”. Sin embargo, la crítica marxista al feminismo dominante no implica negar la opresión de las mujeres ni minimizar las luchas contra la violencia o la discriminación. Sino implica una concepción distinta, rechazar una interpretación que sustituye la lucha de clases por conflictos identitarios.

La izquierda no debería limitarse a reproducir la ideología progresista de la burguesía. Su tarea es someterla a una crítica desde una perspectiva materialista.

Conclusión: Las movilizaciones del 8M expresan malestares reales y demandas legítimas. Pero el marco ideológico que las organiza —y que gran parte de la izquierda trotskista la ha adoptado— tiende a desplazar el análisis de la explotación capitalista hacia un conflicto entre identidades. El resultado es una política que puede movilizar de manera masiva, pero que muchas veces desarma la comprensión materialista de la sociedad. Si la izquierda pretende mantener una perspectiva marxista, el desafío no es adaptarse al feminismo dominante o hegemónico, sino reintegrar la cuestión de la opresión de las mujeres en el análisis de la lucha de clases. No hacerlo implica, en última instancia, reemplazar la crítica del capitalismo por una política de identidades que el propio sistema ha demostrado ser capaz de absorber.

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El fracaso de la movilización al Congreso y del paro nacional

El paro general convocada por la CGT peronista y sin movilización, acompaña por la izquierda que reclamaba un paro de esta índole: sin transporte público y una movilización al Congreso nacional para derrotar la reforma laboral "esclavista" de Milei buscaba mostrar a una fuerza social frente al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la convocatoria estuvo lejos de expresar una irrupción masiva y sostenida. Lo que se presentó como un punto de inflexión terminó evidenciando los límites de una estrategia que confunde aparato partidario con movimiento real y con consignas justas con orientación política efectiva.

Durante estos dos años se insistió en que el problema de las marchas anteriores había sido “logístico”: sin paro de transporte, se decía, las masas trabajadoras no podían faltar y se movilizarian para demostrar fuerza política. El argumento funcionaba como coartada. Pero cuando el paro fue general y el transporte se detuvo, la escena no cambió de manera sustancial. La debilidad no era técnica; era política.

La dirección real de las luchas

Las luchas por jubilaciones, salario o universidad no surgieron en el vacío. Estuvieron —con matices— bajo la órbita del peronismo, cabe recordar que este es un partido procapitalista: los gobernadores, los intendentes, los bloques parlamentarios y la estructura sindical nucleada en la Confederación General del Trabajo (CGT). Negar ese dato en nombre de la “unidad en la calle” fue un error de diagnóstico.

La política de una lucha es la política de su dirección. No basta con que la consigna sea “justa” —defender jubilados, salario o educación pública— si la orientación estratégica es administrar el conflicto para reposicionarse de manera electoral. El dispositivo callejero del peronismo ha funcionado históricamente como herramienta de presión y reagrupamiento para retornar al poder, no como mecanismo de un desborde del régimen capitalista.

En ese marco, la idea de un “frente Anti Milei” con dinámica propia, independiente del Partido Justicialista, fue más un deseo que una realidad objetiva. Sin el apoyo activo del aparato territorial con sus punteros y sindical del PJ, la convocatoria se diluye; con ese apoyo, queda subordinada a sus tiempos y objetivos electorales.

El aparato no es conciencia

La izquierda que optó por “sostener la banderita roja” dentro del dispositivo peronista —sea por táctica frentista o por temor a quedar aislada— terminó atrapada en una lógica ajena. Se la acusó de “derrotista” cuando señalaba que la dirección condiciona el resultado. Pero el fracaso actual muestra que el problema no era el pesimismo, sino la ausencia de una política independiente del aparato peronista.

El paro general, convocado y administrado desde arriba, puede paralizar de manera parcial la producción. Pero no construye por sí mismo una alternativa política o independiente. Cuando la huelga es concebida como un gesto simbólico o como una señal de negociación, no como un momento de organización y delimitación política, su potencia se reduce. Se transforma en acto ritual.

La contradicción es evidente: si la movilización depende del aparato del PJ, entonces no hay autonomía política; si no depende, no logra masividad. Este dilema no se resuelve con consignas altisonantes contra el “fascismo neoliberal”, sino con una estrategia que dispute efectivamente  una dirección y un programa político.

El problema de fondo

El gobierno de Milei avanza con reformas regresivas que afectan la venta de la fuerza de trabajo y su reproducción apoyándose en una base social que, aunque minoritaria en términos estructurales, se mantiene cohesionada de forma ideológica. Frente a eso, la oposición peronista oscila entre la negociación parlamentaria y la protesta controlada. No busca quebrar el rumbo general del ajuste, sino capitalizar su desgaste social.

Por eso el fracaso de la movilización no es simplemente un error táctico. Es la expresión de una política que no pretende ir más allá de los marcos del régimen. Cuando la calle se convierte en una escenografía para una disputa electoral futura, la participación popular se vuelve episódica y desmovilizada.

La izquierda socialista enfrenta entonces una disyuntiva: seguir orbitando alrededor del peronismo, esperando que la crisis lo reactive, o construir una política propia que no dependa del calendario ni del aparato del PJ. Esto implica asumir costos inmediatos —menor visibilidad, menor masividad inicial— pero ganar coherencia estratégica a largo plazo.

Más allá del episodio

El fracaso del paro y de la movilización al Congreso deja una lección incómoda: no hay atajos organizativos para suplir la ausencia de dirección política independiente. La fuerza social no se decreta; se construye. Y se construye delimitando, no disolviéndose en el aparato de otro.

Si el “frente Anti Milei” es apenas la estrategia callejera del peronismo para volver al gobierno, entonces su horizonte es la alternancia, no la transformación social. La crítica no debería dirigirse a quienes advierten este límite, sino a quienes lo naturalizan.

La cuestión no es si la causa es justa. La cuestión es que dirección política la conduce y con qué objetivo. Sin responder a eso, cada paro general corre el riesgo de convertirse en una foto más, y cada movilización en una repetición que confirma la impotencia en lugar de superarla.

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La consigna de la “reforma laboral esclavista”: agitación trotskista y renuncia al método marxista

Por qué calificar la reforma laboral como “esclavista” no esclarece la explotación capitalista, sino que la oculta debajo de una queja moral y un voluntarismo subjetivista.

En la discusión abierta por la reforma laboral impulsada por el gobierno derechista de Milei, amplios sectores del trotskismo argentino han recurrido a una consigna que se repite de manera casi mecánica sin siquiera observar sus inconsistencias teóricas: se trataría de una “ley esclavista”. La expresión aparece en las declaraciones de sus principales figuras, en las publicaciones de sus periódicos, volantes y artículos, sin que vaya acompañada (salvo excepciones, raras) de un análisis más minucioso del contenido económico y social de la reforma.

El problema no es solo retórico y terminológico. La consigna de la “la reforma esclavista” revela una comprensión profundamente defectuosa de las relaciones sociales capitalistas y, en particular, de la especificidad de la explotación del trabajo asalariado. En lugar de clarificar, se confunde a la clase obrera. En lugar de elevar el nivel de conciencia, lo rebaja.

Esclavitud y trabajo asalariado: una distinción básica del marxismo

Desde el punto de vista del marxismo, la esclavitud no se define por la intensidad de la explotación ni por la brutalidad de las condiciones laborales, sino por una relación social específica: el productor directo es propiedad de otro. El esclavo no vende su fuerza de trabajo; él mismo es una mercancía en el mercado.

El capitalismo se funda en una relación distinta: el trabajador es formalmente libre y vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. La explotación capitalista no descansa en la propiedad directa del trabajador al capitalista, sino en la apropiación del plusvalor generado en el proceso de la producción mercantil.

Denominar “esclavista” a una reforma laboral implica borrar esta diferencia fundamental. No se trata de un detalle académico, sino del núcleo mismo de la crítica marxista de la economía política. Si toda forma de explotación es esclavitud, entonces desaparece la especificidad histórica del capitalismo como modo de producción.

La ilusión del “antes”: derechos laborales y fetichismo reformista

La consigna de la “reforma esclavista” suele apoyarse en una idea implícita: antes de la reforma, existiría un régimen laboral cualitativamente distinto, no explotador o al menos “digno” que debe ser defendida. Esta visión supone que los derechos laborales neutralizan la explotación, cuando en realidad solo regulan la forma en que se impone la la explotación de la fuerza de trabajo en un tiempo determinado.

El capital extrae plusvalor tanto en contextos de alta regulación laboral como en escenarios de máxima flexibilización. Los derechos conquistados por la clase trabajadora no abolieron la explotación; sino sólo la encauzaron dentro de ciertos límites compatibles con la acumulación capitalista.

Presentar la reforma como un salto hacia la esclavitud es, en los hechos, idealizar el capitalismo previo y desplazar el eje de la crítica desde la relación salarial hacia el marco jurídico.

Reforma laboral y ley del valor

Desde una perspectiva marxista, la reforma laboral debe analizarse en relación con las condiciones de valorización del capital:

estancamiento económico,

presión sobre la tasa de ganancia,

competencia internacional,

necesidad de reducir costos y disciplinar la fuerza de trabajo.

La flexibilización laboral no crea una nueva forma de explotación: refuerza los mecanismos ya presentes en el capitalismo. No hay aquí una mutación del modo de producción hacía un régimen esclavista, sino un ajuste en las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo.

Denunciar el ataque es necesario y urgente. Pero denunciarlo como “esclavitud” evita explicar por qué el capital impulsa estas reformas y cuáles son los límites objetivos de las luchas defensivas bajo el capitalismo.

Un sentido moral en lugar de un análisis materialista

La consigna de la “reforma esclavista” desplaza la crítica científica por una denuncia moral y ética. El capitalismo deja de ser analizado como una relación social objetiva y pasa a ser presentado como el resultado de la perversidad de un gobierno de derecha o de una camarilla de "malvados" empresarios.

Esta forma de agitación puede generar un impacto inmediato, pero tiene un costo político: empobrece la comprensión de la explotación capitalista y debilita la posibilidad de una estrategia anticapitalista. Si el problema es una “ley esclavista”, la solución parece ser su derogación o su no aprobación en el parlamento burgués. El horizonte político se reduce a la restauración de un capitalismo regulado.

Trotskismo, peronismo y legalismo sindical

La caracterización de la reforma laboral como una “ley esclavista”, repetida por el PO, el PTS e Izquierda Socialista, no solo expresa un abandono del análisis marxista. También revela algo más profundo y políticamente más grave: su convergencia objetiva con el discurso histórico del peronismo sindical y del legalismo burgués. Bajo una retórica aparentemente radical, el trotskismo termina compartiendo el mismo marco conceptual que la burocracia sindical peronista: el problema no es la relación capital–trabajo, sino la violación de un “orden legal justo”.

Desde hace décadas, el peronismo ha estructurado su discurso en torno a una idea central: el capitalismo es aceptable —e incluso progresivo— siempre que esté regulado por el Estado y mediado por los sindicatos fuertes entiéndase peronistas. La explotación no desaparece, pero se vuelve tolerable, civilizada, “con justicia social” y "rostro humano". Esta concepción no cuestiona el salario como forma de dominación, sino que lo legitima bajo determinadas condiciones jurídicas en el Estado burgués.

Cuando la CGT denuncia la reforma laboral como un “avasallamiento de derechos históricos” o como un “retorno a la esclavitud”, no está cuestionando el trabajo asalariado, sino defendiendo su forma legal previa. Su horizonte no es la abolición de la relación salarial, sino su administración estatal peronista.

Trotskismo y legalismo: la misma lógica, distinto envoltorio

Cuando el PO o el PTS califican la reforma como una “ley esclavista”, no rompen con esta lógica. La refuerzan. Cambian el tono, pero conservan intacta la estructura del razonamiento peronista:

antes había derechos → ahora se los quitan → por lo tanto, antes no había explotación plena, hoy con Milei sí.

Este razonamiento es ajeno al marxismo. Para Marx, la explotación no surge de la ausencia de derechos, sino del propio intercambio entre capital y trabajo asalariado, incluso cuando ese intercambio se realiza bajo un contrato “libre” y jurídicamente igualitario.

La esclavitud como metáfora: cuando el concepto reemplaza al análisis

Al hablar de “esclavitud” para caracterizar una reforma laboral implica borrar la diferencia entre las relaciones sociales históricamente distintas. El esclavo no vende su fuerza de trabajo; él mismo es una mercancía. El obrero asalariado, en cambio, vende su fuerza de trabajo bajo coerción económica, no de manera jurídica directa. Esta distinción es central en El Capital y no puede ser eliminada sin destruir la teoría marxista de la explotación.

Cuando el trotskismo recurre a esta metáfora, no radicaliza la crítica: la vacía de contenido científico.

El derecho como fetiche compartido

En Marx, el derecho no explica la explotación: la encubre. El contrato de trabajo aparece como un acuerdo entre iguales, pero esa igualdad es puramente formal. El fetichismo jurídico consiste precisamente en invertir la relación real, haciendo aparecer a la ley como fundamento de relaciones que, en realidad, están determinadas por la producción y la acumulación de capital.

El peronismo sindical convierte el derecho laboral en un fetiche. El trotskismo, al denunciar una “ley esclavista”, hace exactamente lo mismo desde una retórica más estridente y roja. En ambos casos, la lucha queda reducida al plano legal burgués: frenar la ley, derogarla, volver al marco anterior de una explotación con "rostro humano".

Milei y la ilusión del “antes no explotaban”

Al presentar a Milei como el responsable de una supuesta mutación cualitativa —del trabajo “con derechos” a la “esclavitud”— se exonera implícitamente a todo el período anterior peronista y socialdemócrata. Desaparece del análisis el hecho de que bajo los gobiernos peronistas hubo precarización, informalidad, caída del salario real y aumento de la tasa de explotación.

La explotación aparece como un fenómeno excepcional, ligado a un gobierno reaccionario derechista, y no como una relación estructural del capitalismo. Esta es una operación ideológica clásica del legalismo burgués, desplazar la crítica del capital hacia una crítica de una ley cargada de moralismo.

Una agitación sin estrategia política 

El uso reiterado de esta consigna es coherente con una práctica política centrada en la agitación permanente, pero desligada de un análisis sistemático del capitalismo. En lugar de estudiar la acumulación, la productividad o la dinámica del capital, se recurre a fórmulas efectistas.

El resultado es una izquierda que denuncia con estridencia, pero explica poco y confunde mucho. Y a una clase trabajadora a la que se le ofrece indignación, pero no comprensión.

Conclusión: La reforma laboral del gobierno derechista de Milei constituye un ataque a las condiciones de vida y de trabajo del conjunto de la clase obrera. Pero calificarla como “reforma esclavista” no fortalece la crítica marxista: la debilita. Al borrar la diferencia entre esclavitud y trabajo asalariado, se abandona el análisis de la ley del valor y se reemplaza la crítica del capitalismo por una moral abstracta.

Precisamente cuando la ofensiva del capital se intensifica, resulta más necesario que nunca aferrarse al marxismo como teoría crítica, no diluirlo en consignas que confunden más de lo que esclarecen.

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