Al cumplirse medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el debate sobre su naturaleza y significado histórico sigue atravesado por tensiones políticas e ideológicas. No es casual. Lo que está en discusión no es solo el pasado, sino también cómo interpretamos el presente.
Ésto nos obliga a ir más allá de las explicaciones cómodas más aceptadas en arco político. No alcanza con condenar la dictadura: hay que entender qué condiciones sociales, políticas, económicas la hicieron posible.
El golpe no fue un “exceso militar”
Una de las ideas más instaladas en la literatura es que el golpe fue una desviación autónoma de las Fuerzas Armadas. Pero esto oscurece lo esencial del análisis.
El régimen que comenzó en 1976 fue una dictadura cívico-militar. No actuó en el vacío: expresó intereses de clase concretos de sectores empresariales, financieros y buena parte del poder político burgués acompañaron —de forma activa o pasiva— la salida golpista.
El punto de fondo es claro: cuando la acumulación capitalista entra en crisis y no logra recomponerse dentro de los marcos institucionales de la democracia burguesa, la coerción estatal pasa a primer plano.
Crisis orgánica y lucha de clases
El golpe debe ubicarse en la crisis de mediados de los años setenta. No era simplemente un “caos”, sino una situación de bloqueo.
La economía mostraba tensiones crecientes: inflación, caída de la rentabilidad, dificultades para sostener el modelo de acumulación. Al mismo tiempo, la clase trabajadora mantenía niveles importantes de organización y resistencia política.
Esa combinación —crisis económica y conflictividad social— es clave. La burguesía no opta por la dictadura solo por capricho, sino cuando no puede disciplinar al trabajo en condiciones “normales”.
El rol del peronismo y los límites del nacionalismo
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles. El último gobierno peronista no fue simplemente una víctima del golpe. Tampoco fue un actor homogéneo. Pero sí contribuyó a crear condiciones que facilitaron la intervención militar.
Bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la represión ya estaba en marcha. La acción de la Triple A fue un instrumento paraestatal dirigido contra los sectores obreros y de la izquierda en particular.
Al mismo tiempo, el gobierno no lograba estabilizar la economía ni encauzar el conflicto social dentro de los marcos institucionales. Esto llevó a una creciente descomposición política y a un fenómeno decisivo: sectores del propio peronismo —especialmente su ala sindical y burocrática— terminaron aceptando, de hecho, la idea de una “salida de orden”.
Pero este proceso no puede entenderse solo en términos coyunturales. Tiene una raíz más profunda: los límites del nacionalismo peronista como estrategia histórica.
El peronismo, en tanto proyecto nacional-popular, se propuso conciliar intereses de clase: articular a la burguesía local con la clase trabajadora bajo la mediación del Estado. Durante ciertos períodos, esta mediación logró estabilizar el conflicto. Pero esa estabilidad era frágil.
¿Por qué? Porque no eliminaba la contradicción fundamental entre capital y trabajo, sino que la administraba. Y cuando las condiciones económicas se deterioraron apareciendo —caída de la rentabilidad, crisis internacional— esa mediación empezó a romperse.
En ese contexto, el nacionalismo mostró su límite político y estructural: no podía sostener simultáneamente las condiciones de la acumulación del capital y las demandas del movimiento obrero.
Frente a ese impasse, el resultado fue doble: por un lado, represión desde el propio gobierno (como la Triple A) creado por el propio López Rega mano derecha de Juan Domingo Perón, por otro, incapacidad para evitar una salida más reaccionaria
En este sentido, el golpe no solo expresó la ofensiva de la clase dominante hacía el conjunto de la clase obrera, sino también el fracaso de una estrategia política —la del nacionalismo burgués— para resolver las tensiones del capitalismo argentino.
El contenido de clase de la dictadura
El terrorismo de Estado no fue un exceso irracional. Fue funcional a un programa económico. La represión sistemática tuvo un objetivo concreto: destruir la capacidad de organización de la clase trabajadora para imponer una reestructuración regresiva.
Esa reestructuración implicó:caída del salario real, debilitamiento sindical,
apertura económica, expansión de la valorización financiera. El golpe, en este sentido, reorganizó la sociedad en función de las necesidades del capital.
Imperialismo y determinaciones internas
La injerencia de los Estados Unidos fue importante, pero no explica por sí sola el golpe. Reducir el proceso al imperialismo implica desconocer el papel activo de la clase burguesa criolla. El golpe fue posible porque existían intereses internos que lo impulsaban. El imperialismo operó en articulación con esas fuerzas, no como un sustituto de ellas.
Democracia y límites estructurales
A 50 años, la democracia argentina ha consolidado consensos importantes, especialmente en torno a los derechos humanos. Sin embargo, esto no debe llevar a una lectura complaciente.
Las condiciones estructurales que dieron origen a la crisis de los años setenta no han desaparecido completamente. Persisten tensiones en la acumulación, desigualdades profundas y conflictos entre capital y trabajo.
En ese marco, la democracia aparece como una forma política con límites: funciona mientras esas tensiones puedan ser contenidas.
A modo de cierre
El golpe de 1976 no fue una anomalía ni un accidente. Fue una forma extrema de resolución de una crisis de clase. Incorporar el papel del peronismo y, más profundamente, los límites del nacionalismo, permite comprender mejor ese proceso. No para distribuir culpas de manera abstracta, sino para identificar problemas reales.
Porque la lección de fondo sigue vigente; ninguna estrategia que busque conciliar de manera duradera intereses de clase antagónicos puede evitar, en última instancia, que esas contradicciones estallen.
Y cuando estallan, la historia argentina muestra que las salidas pueden ser profundamente regresivas.
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