El “Estado de conmoción exterior” en Venezuela, mistificación soberanista y dominación de clase

El decreto de “Estado de conmoción exterior” promulgado por el gobierno interino de Venezuela (06/01/26), encabezado por Delcy Rodríguez (figura central del derrotado régimen de Maduro para la transición) y avalado de hecho por Washington, ha sido presentado como una respuesta defensiva frente a una supuesta agresión externa latente. Esta caracterización remite inmediatamente al uso ideológico del concepto de soberanía nacional, tratado como si se tratara de una categoría neutra y transhistórica, cuando en realidad toda soberanía es siempre la soberanía de una clase y se ejerce por sobre una mayoría mediante un aparato de Estado históricamente determinado [1].

Esta interpretación ha sido repetida de manera acrítica por amplios sectores del progresismo y de la izquierda latinoamericana, que reducen el análisis político a una oposición abstracta entre imperialismo y naciones oprimidas, omitiendo deliberadamente el examen de las relaciones de clase que subyacen internamente [2]. Desde una perspectiva marxista, sostenemos que el decreto no expresa ninguna defensa de la soberanía popular, sino un mecanismo de profundización de la dominación de clase, por parte de la burocracia estatal-militar que dirige el capitalismo de Estado venezolano.

El silencio de la izquierda

Uno de los hechos políticamente más significativos es la virtual ausencia de repudio por parte de todo el arco político de la izquierda y el progresismo latinoamericano ante la instauración del régimen de excepción. Este silencio no es accidental: es la consecuencia lógica de una inversión del método marxista, que desplaza el eje del análisis desde las relaciones sociales de producción hacia una geopolítica vulgar de alineamientos estatales [3].

Para estos sectores izquierdistas muchos de ellos nacionalistas, estatistas, resulta más importante denunciar el supuesto “robo” de los recursos venezolanos que defender las libertades democráticas elementales de una clase obrera que ha sido  llevada a su pauperizacion y la destrucción de sus organizaciones políticas perseguidos o adaptadas al estado chavista so pena de ser ilegalizadas, por los mismos aparatos que hoy dicen proveerles seguridad. La suspensión de garantías constitucionales, la criminalización de la protesta y la persecución política son justificadas en nombre de una soberanía nacional mistificada, presentada como un bien abstracto separado de las clases sociales realmente existentes en su estructura [1].

El decreto y su función real

El decreto de conmoción exterior implicó la suspensión de garantías constitucionales básicas, restricciones severas a la movilidad, prohibición de manifestaciones no autorizadas y una ampliación sustancial de las facultades represivas del aparato estatal chavista. Estas medidas fueron justificadas oficialmente como necesarias para preservar el orden institucional frente a las amenazas externas, recurriendo al argumento clásico del “estado de excepción temporal” [5].

Sin embargo, el marxismo parte de un principio elemental: el Estado no se define por su discurso jurídico, sino por su función social. Como señalaron Marx y Engels, el Estado es una forma histórica de organización del poder de clase, cuya función es garantizar la reproducción del orden social dominante. En este marco, el decreto debe entenderse como una respuesta a la crisis interna del régimen y al riesgo de recomposición de la lucha de clases, no como una defensa frente a una agresión externa.

 El Estado como instrumento de una burguesía de Estado

Desde el punto de vista marxista, el Estado no es un árbitro neutral, sino “el poder organizado de una clase para la opresión de otra”. En Venezuela, este poder se encarna en una burguesía de Estado organizada como burocracia civil-militar, que controla los recursos estratégicos, renta, comercio exterior y aparato coercitivo, y que extrae un excedente mediante mecanismos capitalistas bajo formas estatales [4].

El estado de excepción es el instrumento mediante el cual esta fracción dominante de la burguesía refuerza su control sobre la sociedad. La represión no se orienta prioritariamente contra el imperialismo, sino contra la clase obrera interna y los sectores populares, funcionando como un mecanismo preventivo frente a posibles estallidos sociales internos en un contexto de colapso económico y deslegitimación política [11].

Bonapartismo y autonomización del Ejecutivo

La concentración extraordinaria de poder en el Ejecutivo nos remite directamente a la categoría de bonapartismo desarrollada por Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Esta categoría no describe solo un estilo personal de gobierno, sino una forma específica de dominación política en la que el Ejecutivo se vuelve autónomo relativamente de la sociedad, apoyándose en la burocracia y el aparato militar para preservar el orden social existente [6].

El régimen venezolano reproduce este esquema: suspensión de garantías, fortalecimiento del aparato represivo y utilización del conflicto externo como coartada ideológica. El Ejecutivo se presenta como un árbitro situado por encima de las clases sociales, cuando en realidad actúa como garante de los intereses de la burguesía de Estado, encubriendo esta función bajo una apariencia de neutralidad institucional [7].

Nacionalismo y fetichismo de la soberanía

La coerción estatal se complementa con una intensa producción ideológica. Como señalaron Marx y Engels en La ideología alemana, las ideas dominantes son siempre las ideas de la clase dominante. En este caso, el discurso de la soberanía nacional cumple una función decisiva al presentar los intereses de la burocracia estatal-militar como si fueran los intereses generales de la nación [8].

Esta operación constituye un fetichismo de la soberanía: una abstracción política que oculta relaciones sociales concretas de una dominación de clase, del mismo modo que el fetichismo de la mercancía oculta la explotación bajo el velo del intercambio [9]. El conflicto de clases es desplazado ideológicamente hacia una falsa confrontación entre la “patria” y el “enemigo externo”.

La falsa alternativa impuesta a la clase obrera

El resultado político de este proceso es la imposición de una falsa polarización politica. Por un lado, el imperialismo estadounidense y sus aliados locales, que impulsan una restauración neoliberal abierta; por otro, la burocracia estatal-militar, que administra un capitalismo de Estado autoritario y represivo. Esta polarización no es una descripción neutral de la realidad social, sino un dispositivo político que bloquea la emergencia de una alternativa de la clase obrera independiente [10].

El régimen de excepción no resuelve ninguna de las condiciones materiales que afectan a la clase obrera venezolana como ser —hambre, hiperinflación, precarización y colapso de los servicios públicos—. Su función es administrar la crisis social y económica mediante la represión estatal, la criminalización de la protesta y el control social preventivo [11].

Conclusion: El “Estado de conmoción exterior” aplicado por el chavismo reciclado no constituye una defensa de la soberanía popular, sino un reforzamiento del aparato represivo del Estado al servicio de una fracción específica del capital. La defensa acrítica de este régimen por parte de sectores de izquierda no solo no fortalece la lucha contra el imperialismo, sino que legitima la represión contra la propia clase trabajadora [12].

Renunciar al análisis de clase en nombre de un antiimperialismo abstracto implica una capitulación política, esto significa abandonar la defensa de las libertades democráticas y adaptarse al poder estatal existente [13]. El caso venezolano confirma una tesis central del marxismo: cuando las contradicciones de clase se agudizan y el consenso institucional se erosiona, el Estado tiende a mostrarse de manera cada vez más abierta como lo que siempre fue: un aparato de coerción al servicio de la clase dominante. [14]

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Notas

[1] El uso del término “soberanía” en el discurso oficial debe ser analizado con extremo cuidado. En el marxismo no existe ninguna noción transhistórica de soberanía nacional: toda soberanía es siempre soberanía de una clase determinada, ejercida mediante un Estado históricamente situado. La apelación abstracta a la soberanía suele funcionar como cobertura ideológica de relaciones sociales concretas de dominación.

[2] La caracterización del régimen venezolano como “antiimperialista” omite sistemáticamente el análisis de las relaciones sociales internas de producción y del carácter de clase del Estado. Esta omisión no es un error teórico inocente, sino una operación política que reemplaza el análisis materialista por una geopolítica vulgar de bloques enfrentados.

[3] La izquierda que justifica la suspensión de libertades democráticas en nombre del enfrentamiento al imperialismo incurre en una inversión completa del método marxista. Para Marx, la cuestión central nunca fue qué Estado se enfrenta a cuál, sino qué clase domina y bajo qué formas políticas ejerce su poder politico.

[4] Cuando aquí se habla de “burguesía de Estado” no se alude a una metáfora ni a una desviación moral del socialismo, sino a una fracción social concreta que controla los medios de producción, renta, comercio exterior y aparato coercitivo, y que extrae excedente mediante mecanismos capitalistas, aunque bajo formas estatales.

[5] El argumento según el cual las restricciones a las libertades son “temporales” o “necesarias” en contextos excepcionales ignora un hecho histórico elemental: los estados de excepción tienden a consolidarse y a normalizarse, especialmente cuando cumplen una función estructural en la preservación del orden social existente.

[6] La categoría de bonapartismo no debe entenderse como una descripción psicológica del liderazgo político, sino como una forma específica de dominación política en la que el Ejecutivo se vuelve autónomo relativamente de la sociedad, apoyándose en la burocracia y el aparato militar, sin dejar por ello de servir a intereses de clase bien definidos.

[7] La presentación del Ejecutivo como “árbitro” por encima de las clases sociales constituye una de las mistificaciones centrales del bonapartismo. En realidad, esta supuesta neutralidad es la forma política que adopta la dominación cuando las clases fundamentales no logran imponer su hegemonía de manera estable.

[8] El nacionalismo estatal cumple una función análoga a la de la mercancía en el análisis de Marx: oculta las relaciones sociales concretas bajo formas aparentemente universales. Hablar en nombre de “la patria” permite borrar, en el plano ideológico, la división entre explotadores y explotados.

[9] El fetichismo de la soberanía no implica negar la existencia de presiones o conflictos interestatales reales, sino señalar que estos conflictos son utilizados ideológicamente para subordinar a la clase trabajadora a los intereses de su propia burguesía interna—en este caso, una burguesía de Estado.

[10] La falsa polarización entre imperialismo y burocracia estatal-militar no es una casualidad discursiva, sino un dispositivo político que bloquea la emergencia de una alternativa de clase independiente. La clase obrera es empujada a elegir entre dos variantes de dominación capitalista.

[11] La criminalización de la protesta y la persecución de la prensa no deben analizarse como “excesos” o “desviaciones autoritarias”, sino como mecanismos preventivos frente a una posible recomposición de la lucha de clases en condiciones de crisis económica aguda.

[12] La defensa acrítica del régimen venezolano por parte de sectores de izquierda no fortalece la lucha contra el imperialismo, sino que la debilita, al identificar el socialismo con formas estatales represivas y con la negación de derechos democráticos elementales a la clase obrera como ser: el derecho a la protesta, la libertad de reunión y la libertad de prensa .

[13] Desde el punto de vista marxista, no existe contradicción entre la defensa de las libertades democráticas y la crítica al imperialismo. Por el contrario, la renuncia a esas libertades en nombre de un antiimperialismo abstracto implica una adaptación directa al poder estatal existente.

[14] El caso venezolano confirma una tesis clásica del marxismo, cuando las contradicciones de clase se agudizan y el consenso institucional se erosiona, el Estado tiende a mostrarse de manera cada vez más abierta como lo que siempre fue: un aparato de coerción al servicio de la clase dominante.

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La consigna de la “reforma laboral esclavista”: agitación trotskista y renuncia al método marxista

Por qué calificar la reforma laboral como “esclavista” no esclarece la explotación capitalista, sino que la oculta debajo de una queja moral y un voluntarismo subjetivista.

En la discusión abierta por la reforma laboral impulsada por el gobierno derechista de Milei, amplios sectores del trotskismo argentino han recurrido a una consigna que se repite de manera casi mecánica sin siquiera observar sus inconsistencias teóricas: se trataría de una “ley esclavista”. La expresión aparece en las declaraciones de sus principales figuras, en las publicaciones de sus periódicos, volantes y artículos, sin que vaya acompañada (salvo excepciones, raras) de un análisis más minucioso del contenido económico y social de la reforma.

El problema no es solo retórico y terminológico. La consigna de la “la reforma esclavista” revela una comprensión profundamente defectuosa de las relaciones sociales capitalistas y, en particular, de la especificidad de la explotación del trabajo asalariado. En lugar de clarificar, se confunde a la clase obrera. En lugar de elevar el nivel de conciencia, lo rebaja.

Esclavitud y trabajo asalariado: una distinción básica del marxismo

Desde el punto de vista del marxismo, la esclavitud no se define por la intensidad de la explotación ni por la brutalidad de las condiciones laborales, sino por una relación social específica: el productor directo es propiedad de otro. El esclavo no vende su fuerza de trabajo; él mismo es una mercancía en el mercado.

El capitalismo se funda en una relación distinta: el trabajador es formalmente libre y vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. La explotación capitalista no descansa en la propiedad directa del trabajador al capitalista, sino en la apropiación del plusvalor generado en el proceso de la producción mercantil.

Denominar “esclavista” a una reforma laboral implica borrar esta diferencia fundamental. No se trata de un detalle académico, sino del núcleo mismo de la crítica marxista de la economía política. Si toda forma de explotación es esclavitud, entonces desaparece la especificidad histórica del capitalismo como modo de producción.

La ilusión del “antes”: derechos laborales y fetichismo reformista

La consigna de la “reforma esclavista” suele apoyarse en una idea implícita: antes de la reforma, existiría un régimen laboral cualitativamente distinto, no explotador o al menos “digno” que debe ser defendida. Esta visión supone que los derechos laborales neutralizan la explotación, cuando en realidad solo regulan la forma en que se impone la la explotación de la fuerza de trabajo en un tiempo determinado.

El capital extrae plusvalor tanto en contextos de alta regulación laboral como en escenarios de máxima flexibilización. Los derechos conquistados por la clase trabajadora no abolieron la explotación; sino sólo la encauzaron dentro de ciertos límites compatibles con la acumulación capitalista.

Presentar la reforma como un salto hacia la esclavitud es, en los hechos, idealizar el capitalismo previo y desplazar el eje de la crítica desde la relación salarial hacia el marco jurídico.

Reforma laboral y ley del valor

Desde una perspectiva marxista, la reforma laboral debe analizarse en relación con las condiciones de valorización del capital:

estancamiento económico,

presión sobre la tasa de ganancia,

competencia internacional,

necesidad de reducir costos y disciplinar la fuerza de trabajo.

La flexibilización laboral no crea una nueva forma de explotación: refuerza los mecanismos ya presentes en el capitalismo. No hay aquí una mutación del modo de producción hacía un régimen esclavista, sino un ajuste en las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo.

Denunciar el ataque es necesario y urgente. Pero denunciarlo como “esclavitud” evita explicar por qué el capital impulsa estas reformas y cuáles son los límites objetivos de las luchas defensivas bajo el capitalismo.

Un sentido moral en lugar de un análisis materialista

La consigna de la “reforma esclavista” desplaza la crítica científica por una denuncia moral y ética. El capitalismo deja de ser analizado como una relación social objetiva y pasa a ser presentado como el resultado de la perversidad de un gobierno de derecha o de una camarilla de "malvados" empresarios.

Esta forma de agitación puede generar un impacto inmediato, pero tiene un costo político: empobrece la comprensión de la explotación capitalista y debilita la posibilidad de una estrategia anticapitalista. Si el problema es una “ley esclavista”, la solución parece ser su derogación o su no aprobación en el parlamento burgués. El horizonte político se reduce a la restauración de un capitalismo regulado.

Trotskismo, peronismo y legalismo sindical

La caracterización de la reforma laboral como una “ley esclavista”, repetida por el PO, el PTS e Izquierda Socialista, no solo expresa un abandono del análisis marxista. También revela algo más profundo y políticamente más grave: su convergencia objetiva con el discurso histórico del peronismo sindical y del legalismo burgués. Bajo una retórica aparentemente radical, el trotskismo termina compartiendo el mismo marco conceptual que la burocracia sindical peronista: el problema no es la relación capital–trabajo, sino la violación de un “orden legal justo”.

Desde hace décadas, el peronismo ha estructurado su discurso en torno a una idea central: el capitalismo es aceptable —e incluso progresivo— siempre que esté regulado por el Estado y mediado por los sindicatos fuertes entiéndase peronistas. La explotación no desaparece, pero se vuelve tolerable, civilizada, “con justicia social” y "rostro humano". Esta concepción no cuestiona el salario como forma de dominación, sino que lo legitima bajo determinadas condiciones jurídicas en el Estado burgués.

Cuando la CGT denuncia la reforma laboral como un “avasallamiento de derechos históricos” o como un “retorno a la esclavitud”, no está cuestionando el trabajo asalariado, sino defendiendo su forma legal previa. Su horizonte no es la abolición de la relación salarial, sino su administración estatal peronista.

Trotskismo y legalismo: la misma lógica, distinto envoltorio

Cuando el PO o el PTS califican la reforma como una “ley esclavista”, no rompen con esta lógica. La refuerzan. Cambian el tono, pero conservan intacta la estructura del razonamiento peronista:

antes había derechos → ahora se los quitan → por lo tanto, antes no había explotación plena, hoy con Milei sí.

Este razonamiento es ajeno al marxismo. Para Marx, la explotación no surge de la ausencia de derechos, sino del propio intercambio entre capital y trabajo asalariado, incluso cuando ese intercambio se realiza bajo un contrato “libre” y jurídicamente igualitario.

La esclavitud como metáfora: cuando el concepto reemplaza al análisis

Al hablar de “esclavitud” para caracterizar una reforma laboral implica borrar la diferencia entre las relaciones sociales históricamente distintas. El esclavo no vende su fuerza de trabajo; él mismo es una mercancía. El obrero asalariado, en cambio, vende su fuerza de trabajo bajo coerción económica, no de manera jurídica directa. Esta distinción es central en El Capital y no puede ser eliminada sin destruir la teoría marxista de la explotación.

Cuando el trotskismo recurre a esta metáfora, no radicaliza la crítica: la vacía de contenido científico.

El derecho como fetiche compartido

En Marx, el derecho no explica la explotación: la encubre. El contrato de trabajo aparece como un acuerdo entre iguales, pero esa igualdad es puramente formal. El fetichismo jurídico consiste precisamente en invertir la relación real, haciendo aparecer a la ley como fundamento de relaciones que, en realidad, están determinadas por la producción y la acumulación de capital.

El peronismo sindical convierte el derecho laboral en un fetiche. El trotskismo, al denunciar una “ley esclavista”, hace exactamente lo mismo desde una retórica más estridente y roja. En ambos casos, la lucha queda reducida al plano legal burgués: frenar la ley, derogarla, volver al marco anterior de una explotación con "rostro humano".

Milei y la ilusión del “antes no explotaban”

Al presentar a Milei como el responsable de una supuesta mutación cualitativa —del trabajo “con derechos” a la “esclavitud”— se exonera implícitamente a todo el período anterior peronista y socialdemócrata. Desaparece del análisis el hecho de que bajo los gobiernos peronistas hubo precarización, informalidad, caída del salario real y aumento de la tasa de explotación.

La explotación aparece como un fenómeno excepcional, ligado a un gobierno reaccionario derechista, y no como una relación estructural del capitalismo. Esta es una operación ideológica clásica del legalismo burgués, desplazar la crítica del capital hacia una crítica de una ley cargada de moralismo.

Una agitación sin estrategia política 

El uso reiterado de esta consigna es coherente con una práctica política centrada en la agitación permanente, pero desligada de un análisis sistemático del capitalismo. En lugar de estudiar la acumulación, la productividad o la dinámica del capital, se recurre a fórmulas efectistas.

El resultado es una izquierda que denuncia con estridencia, pero explica poco y confunde mucho. Y a una clase trabajadora a la que se le ofrece indignación, pero no comprensión.

Conclusión: La reforma laboral del gobierno derechista de Milei constituye un ataque a las condiciones de vida y de trabajo del conjunto de la clase obrera. Pero calificarla como “reforma esclavista” no fortalece la crítica marxista: la debilita. Al borrar la diferencia entre esclavitud y trabajo asalariado, se abandona el análisis de la ley del valor y se reemplaza la crítica del capitalismo por una moral abstracta.

Precisamente cuando la ofensiva del capital se intensifica, resulta más necesario que nunca aferrarse al marxismo como teoría crítica, no diluirlo en consignas que confunden más de lo que esclarecen.

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¿Todos ganan? La falacia de la suma cero de Cachanosky frente a la realidad del capital.

Frente a la narrativa neoclásica liberal que presenta al tratado UE-Mercosur como un motor de prosperidad y eficiencia, surge la necesidad de analizar el comercio internacional no como un intercambio técnico entre iguales, sino como un escenario de competencia asimétrica entre capitales dentro de las fronteras de los países firmantes. A través de la lente de la ley del valor y la productividad diferencial, este artículo desarticula las premisas de Roberto Cachanosky para revelar cómo la apertura comercial bajo el capitalismo contemporáneo no integra naciones, sino que consolida una transferencia estructural de valor desde el trabajo obrero del continente sudaméricano hacia los centros del capital transnacional.

Imagen editada con IA

El reciente artículo de opinión del economista liberal Roberto Cachanosky publicado en Infobae (13 de enero de 2026), titulado “Acuerdo UE-Mercosur: un paso adelante hacia la integración económica”, elogia el tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur como un avance hacia la eficiencia, la especialización y la prosperidad recíproca. Sin embargo, desde una perspectiva socialista —fundamentalmente desde la lógica de la teoría de la ley del valor-trabajo—, esta postura resulta profundamente polémica.

En la presente entrada buscamos analizar críticamente las premisas del enfoque neoclásico de Cachanosky tan difundidas en la prensa burguesa por estos días. Buscamos demostrar que el tratado no representa una integración equilibrada ni equitativa para los países firmantes, sino una profundización de las asimetrías en la producción y la captura de plusvalía de los países subdesarrollados en el marco del mercado mundial contemporáneo.

Bajo la óptica del liberalismo económico, Cachanosky sostiene que el acuerdo favorece la “integración” mediante la eliminación de aranceles, la promoción del comercio y la atracción de inversiones. En sus propias palabras, afirma que "el acuerdo comercial con la Unión Europea es un paso adelante hacia la integración económica, la apertura comercial y el crecimiento sostenido". Su análisis concibe el mercado como un mecanismo neutral y autorregulador. No obstante, desde nuestra perspectiva basada en el materialismo histórico, el mercado no es neutral: es la forma social específica en la que se manifiesta la producción capitalista. La ley del valor no se detiene en las fronteras nacionales; rige como una potencia social objetiva que disciplina a los productores privados a través de la competencia internacional.

La teoría de la ley del valor, formulada por Marx en El Capital, establece que el valor de una mercancía está determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario (TSN) para su producción a escala general, no deriva exclusivamente de su utilidad, sino del tiempo socialmete necesario para su producción. En el mercado mundial, esto implica que las empresas con tecnologías avanzadas (predominantes en la UE) establecen el estándar de productividad a las inferiores. El tratado de libre comercio, lejos de ser un campo de juego nivelado, es el escenario donde se valida esta jerarquía técnica bajo el velo de un intercambio formalmente equivalente. El tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur, lejos de superar éstas dinámicas, las intensifica y reafirma su superioridad productiva.

La ilusión de la integración regional y la transferencia de valor

Cachanosky presenta el acuerdo como una oportunidad única para que los países del Mercosur se inserten en las cadenas globales de valor y a tecnologías mas avanzadas. No obstante, Afirma sin ambigüedades que "la apertura comercial permite a los países del Mercosur insertarse en cadenas globales de valor y aprovechar economías de escala que antes les eran inaccesible", pero omite que la competencia internacional es, en esencia, una competencia entre productividades. Al abrir los mercados, las ramas de producción del hemisferio del Sur con menor composición orgánica de capital y sumida por la exportación de materias primas (soja, carne, minerales) deben enfrentarse al valor del mercado mundial dictado por la alta productividad europea que exporta mercancías con elevado contenido tecnológico y valor añadido. Está asimetría no es accidental: es funcional a la ley del valor que predomina en el sistema capitalista.

Desde la ley del valor, esta división internacional del trabajo implica una transferencia de valor. Los capitales más productivos (centro) captan una plusvalía extraordinaria al vender sus mercancías por encima de su valor individual, pero a su precio de producción social, mientras que los capitales menos productivos (periferia) entregan más trabajo real del que reciben en el intercambio. Esta asimetría no es un "robo" diplomático, sino el resultado ciego de la competencia capitalista: el trabajo más productivo cuenta como trabajo potenciado. Así, el “intercambio libre” reproduce la subordinación de las economías dependientes en la cadena global de valor.

El fetichismo y la falsa suma cero

El análisis de Cachanosky incurre en el fetichismo de la mercancía al reducir el fenómeno comercial como una interacción técnica entre objetos - mercancías o bienes en la jerga de la economía convencional-, ocultando que detrás de los precios operan relaciones de explotación. Al proponer el acuerdo como un “paso adelante”, nuestro económista pampeano naturaliza las categorías de la economía política - el mercado, la propiedad privada de los medios de producción y la competencia - eludiendo la contradicción antagónica entre el capital y el trabajo que subyace a toda expansión comercial. Su afirmación de que “los beneficios no son cero-suma; todos ganan cuando se reduce la fricción regulatoria y se facilita el intercambio” ignora que, si bien el comercio puede aumentar el volumen de mercancías, la masa de plusvalía se distribuye desigualmente en favor de los capitales que dominan la vanguardia tecnológica.

Frente a la visión liberal neoclásica, la perspectiva materialista revela que la expansión capitalista es un proceso contradictorio donde el progreso técnico se traduce en presión sobre la fuerza de trabajo que se traduce en regresión social. En el caso del Mercosur, la apertura no es un paso hacia el desarrollo armónico y virtuoso que dictan los manuales neoclásicos universitarios, sino un mecanismo que acelera la acumulación y la especialización en sectores de baja complejidad tecnológica o extractivos; esta dinámica, presentada como un incremento de la "eficiencia" productiva, ilustra la lay general de la acumulación capitalista señalado por Marx, quien advierte que "el modo de producción capitalista, pues, con la riqueza, la miseria; con la acumulación de capital, la acumulación de la miseria" (El Capital, Vol.I, Cap.25) por consiguiente se profundiza la precariedad laboral para sostener la rentabilidad frente a la competencia externa.

Imperio financiero y reproducción ampliada

Cachanozky omite deliberadamente que la arquitectura de los acuerdos jurídicos contemporáneos se sostiene sobre dispositivos de protección a la inversión —tales como los mecanismos de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS)— que erosionan la soberanía de las naciones dependientes. Estas disposiciones facultan a las corporaciones transnacionales para litigar contra los Estados ante cualquier política pública, ya sea ambiental, laboral o sanitaria, que pueda afectar su tasa de ganancia o rentabilidad.  

Lejos de ser meros instrumentos "técnicos" o administrativos, estos mecanismos expresan una relación de dominación concreta: el capital transnacional internacional se constituye como autoridad supranacional capaz de vetar decisiones democráticas en nombre de la “seguridad jurídica” del inversor. Esta dinámica no responde a una lógica neutral del derecho burgués, sino a la necesidad del capital global de garantizar condiciones estables para su reproducción ampliada, incluso a costa de socavar la capacidad de los Estados subdesarrollados de regular en función del interés público de sus intereses.

El acuerdo UE-Mercosur, bajo esta sombra, no representa una integración simétrica ni un intercambio equitativo. Por el contrario, consolida una división internacional del trabajo que reproduce históricamente la subordinación de América del Sur como proveedora de materias primas y mercados cautivos, mientras Europa mantiene el control sobre tecnología, marcas, finanzas y normas regulatorias. Las cláusulas de protección a la inversión no hacen sino institucionalizar estas desigualdades estructurales y desequilibrio de poder, transformando la soberanía nacional en una fachada tras la cual opera una disciplina económica impuesta desde el exterior.

En este contexto, la defensa del “libre comercio” como vía al desarrollo revela íntimamente su carácter ideológico: oculta que la verdadera barrera al progreso no es el proteccionismo estatal, sino la imposibilidad estructural de los países dependientes de acumular capital de forma autónoma mientras sus economías permanecen articuladas al imperativo de la valorización del capital de los naciones desarrolladas. La soberanía real —aquella que permitiría orientar la producción hacia las necesidades sociales y no hacia la rentabilidad privada internacional— choca frontalmente con los marcos jurídicos que el propio acuerdo refuerza.  

Así, lejos de ser un “paso adelante” como sostiene Cachanosky, el tratado profundiza una forma contemporánea de imperialismo: no basada únicamente en la ocupación territorial (guerra, ocupacion militar), sino en la subordinación jurídica, financiera y productiva de las economías subdesarrolladas a los intereses del capital concentrado europeo. Y mientras se siga presentando esta subordinación como "integración", cooperación o modernización, se seguirá impidiendo el debate necesario sobre qué tipo de desarrollo —y para quién— es posible dentro, o más bien fuera, del orden capitalista global.

Esta transformación jurídico-económica no es neutral ni "técnica", sino profundamente política: reconfigura las relaciones de clase en la periferia al favorecer a una burguesía asociada al capital externo —agroexportadora, financiera, logística— en desmedro de los sectores populares, los pequeños productores y los trabajadores asalariados. La apertura comercial no “desregula” el mercado, como pretende el discurso liberal, sino que re-regula la economía en función de los intereses del capital transnacional en especial europeo, desplazando formas de producción socialmente arraigadas —aunque precarias— por dinámicas de monocultivo, extractivismo intensivo y externalización de costos sociales y ecológicos.  

El “libre comercio”, en este contexto, funciona como un mecanismo de disciplinamiento: obliga a los Estados periféricos a competir entre sí en la reducción de salarios, derechos laborales y estándares ambientales para atraer inversión, generando una carrera hacia el fondo que beneficia únicamente al capital móvil. Esta competencia no es entre naciones soberanas, sino entre fracciones subordinadas del capital global, cuyas decisiones están condicionadas por la necesidad de garantizar rentabilidad a los centros financieros localizados en el núcleo imperial.  

Así, la reproducción ampliada del capital no solo exige nuevos mercados, sino también la recomposición constante de las condiciones sociales y territoriales que permitan su expansión. El tratado UE-Mercosur no es, entonces, un simple acuerdo comercial, sino un instrumento de reestructuración socioeconómica que consolida una división internacional del trabajo jerárquica, donde Mercosur sigue destinada a proveer plusvalor barato —en forma de recursos naturales, mano de obra precarizada y flexibilidad regulatoria— mientras Europa se reserva el control sobre el conocimiento, la innovación y la distribución del valor agregado.  

La separación entre el productor y los medios de producción, lejos de ser un episodio histórico concluido, se reproduce cotidianamente mediante políticas que privatizan lo común, mercantilizan la naturaleza y despojan a las comunidades rurales y urbanas de su capacidad de autogestión. En este sentido, el imperialismo contemporáneo no necesita colonias formales: basta con que los marcos legales, las instituciones burguesas y los capitales locales internalicen la lógica de la acumulación global como única vía posible. Y es precisamente contra esta naturalización —contra la idea de que “no hay alternativa”— que debe articularse una crítica materialista capaz de vincular la defensa de la soberanía popular con la transformación de las relaciones de producción que el individualismo metodológico no puede ve.

Conclusión: El marxismo no rechaza per se la cooperación comercial internacional, pero denuncia que, bajo el capitalismo, los tratados son herramientas para reorganizar la explotación global. La visión ortodoxa liberal de Cachanosky, constituye una apología procapitalista que, bajo el dogma del individualismo metodológico, oculta el conflicto capital-trabajo tras la promesa de la "eficiencia". Una verdadera integración no vendrá del libre comercio —que solo integran capitales—, sino de la unidad internacionalista de los trabajadores. Solo una transformación que supere la ley del valor y la propiedad privada de los medios de producción permitiría una cooperación fundada en las necesidades humanas. Hasta entonces, el “paso adelante” de los Cachanosky de toda la vida será, para la clase obrera del Sur Global, un eslabón más en la cadena de la dependencia dictada por la competencia capitalista mundial.

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Referencias

Cachanosky, R. (13 de enero de 2026). Acuerdo UE-Mercosur: Un paso adelante hacia la integración económica. Infobae.https://www.infobae.com/opinion/2026/01/13/acuerdo-ue-mercosur-un-paso-adelante-hacia-la-integracion-economica/

Marx, K. (2014). El Capital: Crítica de la economía política (Vol. I). Fondo de Cultura Económica.

Astarita, R (2006) Valor, mercado mundial y gloabalizacion. Kraicon

Astarita, R (2009) Monopolio, imperialismo e intercambio desigual. Maia

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La tragedia venezolana: soberanía sin ruptura con el capital

El domingo 11 de enero de 2026, La Izquierda Diario, en su habitual semanario Ideas de izquierda, publicó un artículo donde se aborda el ataque de Trump a Venezuela, secuestrando a su presidente y la primera dama. El artículo analiza la crisis multidimensional en Venezuela, caracterizándola como el resultado de la convergencia entre la agresiva ofensiva imperial reaccionaria liderada por Estados Unidos y el agotamiento del modelo chavista. El articulo sostiene que, ante el autoritarismo del gobierno de Maduro y la injerencia extranjera que busca el control de los recursos, la única salida efectiva reside en una lucha antiimperialista e independiente de la clase obrera a nivel continental, que rechace tanto el tutelaje externo como la gestión de la actual burocracia estatal.  Cómo hemos planteado en entradas anteriores, la defensa de la independencia de clases es indispensable frente al fracaso del 'socialismo del siglo XXI' y la intervención de los Estados Unidos. En este texto, abordaremos las posiciones del artículo desde la concepción materialista de Marx y su teoría del valor.

En este artículo dominical, La Izquierda Diario incurre en una desviación recurrente dentro de ciertos enfoques de la izquierda denominados 'movimentistas': la personalización del capital. Al sostener que el imperialismo persigue un 'control directo', el texto desplaza el eje explicativo desde las determinaciones objetivas de la ley del valor hacia el plano de la voluntad política de los Estados y sus aparatos de poder. Este enfoque —marcadamente subjetivista o voluntarista— trata al capital como si fuera un sujeto con deseos propios, en lugar de una relación social regida por leyes impersonales como la búsqueda de plusvalía. En última instancia, este desplazamiento implica una lectura que tiende a autonomizar la esfera política respecto de las relaciones sociales de producción que la fundamentan.

Desde la perspectiva desarrollada por Marx en El Capital, el valor de las mercancías —incluido el petróleo venezolano— no se determina ni en el Palacio de Miraflores ni en la Casa Blanca, sino por el Tiempo de Trabajo Socialmente Necesario (TTSN) requerido para su producción bajo las condiciones técnicas medias vigentes a escala mundial (Marx, 1867/2008, t. I, cap. I). El mercado mundial no constituye un espacio externo o posterior a la producción nacional, sino la instancia en la cual el trabajo privado se valida socialmente como parte del trabajo social total. En palabras de Marx, «solo en el mercado mundial adquiere el trabajo privado el carácter de trabajo socia»(Marx, 1867/2008, t. I, cap. III).

En este marco, la competencia no opera como una simple relación entre capitales individuales, sino como el mecanismo mediante el cual las leyes inmanentes del modo de producción capitalista se imponen "como leyes coercitivas externas" sobre los productores y los Estados nacionales (Marx, 1867/2008, t. I, cap. X). La competencia generalizada tiende a igualar las condiciones de valorización, sancionando a aquellas formaciones sociales cuya productividad del trabajo se sitúa por debajo de la media internacional mediante la transferencia de valor, la desvalorización del capital y la subordinación creciente a los capitales más productivos (Marx, 1894/2009, t. III, cap. X).

Asimismo, Marx subraya que el desarrollo del mercado mundial es inseparable de la expansión del capital como relación social dominante, afirmando que «la tendencia a crear el mercado mundial está directamente dada en el concepto mismo de capital» (Marx, 1857-1858/2007, Grundrisse). En este sentido, las presiones externas que suelen describirse como "agresiones imperialistas" deben ser comprendidas como manifestaciones concretas de la dinámica objetiva de la acumulación capitalista a escala mundial, y no como desviaciones voluntaristas atribuibles a decisiones políticas aisladas.

El artículo incurre asimismo en una omisión significativa al no señalar que el Estado chavista, incluso durante su etapa de mayor retórica de "rebeldía", operó fundamentalmente como un comité de administración de los negocios comunes de la burguesía —incluida una nueva fracción burocrática estatal, la denominada boliburguesia—, cuya función central fue garantizar las condiciones generales para la extracción de plusvalía y su realización en el mercado mundial. Tal como plantea Marx, el Estado moderno no se sitúa por encima de las clases sociales, sino que expresa, bajo formas específicas, las relaciones de dominación propias del modo de producción capitalista (Marx & Engels, 1848/2004). En este sentido, la apelación a la "soberanía" presente en el texto remite a una categoría jurídico-moral que tiende a ocultar la subordinación efectiva del trabajo al capital y la inserción dependiente de la economía venezolana en la división internacional del trabajo.

Cuando el artículo afirma que "la catástrofe social es producto de la combinación de las sanciones y la gestión burocrática del gobierno", introduce una separación analítica problemática entre la "gestión" estatal y las condiciones estructurales de producción y valorización del capital. Este enfoque disocia los resultados sociales de la dinámica objetiva de la acumulación capitalista, reduciendo la crisis a un conjunto de decisiones administrativas contingentes. Desde una perspectiva materialista rigurosa, la "catástrofe" no puede ser interpretada como un simple error de gestión, sino como el resultado necesario de intentar reproducir una economía capitalista dependiente sin una base suficiente de valorización interna del capital.

Como señala Marx, allí donde el proceso de acumulación se ve obstaculizado por límites estructurales —baja productividad del trabajo, dependencia tecnológica y subordinación al mercado mundial—, el Estado no puede revertir dichas determinaciones mediante la voluntad política o la administración burocrática, sino que se limita a gestionar sus consecuencias sociales (Marx, 1867/2008, t. I; Marx, 1894/2009, t. III). En este marco, las sanciones externas operan como factores que agravan contradicciones preexistentes, pero no constituyen la causa última de la descomposición social, la cual se inscribe en las leyes internas del modo de producción capitalista dependiente.

Cuando el valor de la fuerza de trabajo en Venezuela se desploma, ello no puede explicarse únicamente por la acción de la "burocracia", sino por la necesidad objetiva del capital de imponer una desvalorización masiva con el fin de restaurar la tasa de ganancia. Al omitir el análisis de las mediaciones económicas mediante las cuales el chavismo preservó las formas fundamentales de la producción mercantil —la mercancía, el dinero y el salario—, La Izquierda Diario termina formulando una crítica que se aproxima más a una propuesta de "gestión obrera del capitalismo" que a una perspectiva orientada a la abolición del sistema de trabajo asalariado.

La ilusión de la "soberanía" frente a la dictadura del mercado mundial, resulta necesario profundizar en el modo en que la teoría del valor de Marx despoja al concepto de "soberanía nacional" de su aura romántica, revelándolo como una categoría jurídico-política que entra en contradicción sistemática con la realidad económica del capital global. Lejos de constituir un espacio autónomo de autodeterminación popular, la soberanía aparece, desde este enfoque, como una forma específica de mediación estatal de las leyes del capital.

La ilusión de la "soberanía" frente a la dictadura del mercado mundial.

La soberanía como forma jurídica del capital nacional

El artículo de La Izquierda Diario sostiene que el núcleo del conflicto reside en un supuesto "ataque imperialista a la soberanía de Venezuela". Sin embargo, desde una perspectiva marxista fundada en la teoría del valor, la "soberanía" no constituye un ámbito de libertad para la clase trabajadora, sino el marco jurídico-político dentro del cual el Estado burgués garantiza las condiciones generales para la acumulación de capital.

Marx explica en El capital que el intercambio de mercancías presupone que sus poseedores se reconozcan recíprocamente como propietarios privados, dotados de voluntad jurídica (Marx, 1867/2008, t. I, cap. II). El Estado nacional emerge así como el garante de este orden jurídico, asegurando la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. En consecuencia, cuando el artículo defiende la "soberanía" frente al imperialismo, termina defendiendo —frecuentemente de manera involuntaria— la envoltura jurídica burguesa que hace posible la explotación de la fuerza de trabajo venezolana por capitales tanto estatales como privados.

Desde este punto de vista, la soberanía no se opone al capital, sino que constituye una de sus formas políticas necesarias en el marco del sistema de Estados nacionales que organiza el mercado mundial.

El mercado mundial y la determinación del valor

El error analítico central del enfoque del artículo radica en ignorar que el valor es una categoría social determinada por el Tiempo de Trabajo Socialmente Necesario (TTSN) a escala internacional, y no por decisiones políticas nacionales.

La ilusión de la autonomía: El chavismo intentó establecer precios internos administrados y regímenes de tipo de cambio fijo bajo la premisa de que la voluntad política —invocada como "soberanía" — podía determinar el valor de las mercancías y del dinero al margen del mercado mundial.

La realidad de la ley del valor: Marx demuestra que el valor se impone "a espaldas de los productores" y con independencia de su conciencia o de los objetivos declarados del Estado (Marx, 1867/2008, t. I, cap. I). Cuando la productividad del trabajo en una formación social es inferior a la media mundial, dicha economía se ve obligada a intercambiar una mayor cantidad de trabajo nacional por una menor cantidad de trabajo extranjero, lo que se traduce en transferencia de valor, presión sobre los salarios y desvalorización de la fuerza de trabajo.

En este sentido, el mercado mundial actúa como la instancia efectiva de validación social del trabajo, subordinando las economías nacionales a una lógica que no reconoce fronteras jurídicas ni discursos soberanistas. La denominada "dictadura del mercado mundial" no es una metáfora política, sino la expresión concreta del dominio del capital social global sobre los capitales particulares y los Estados que los representan.

El Estado, la burocracia y la ilusion del "capitalismo con rostro popular"

El Estado como forma politica de dominacion de clase, una de las principales limitaciones del enfoque desarrollado por La izquierda Diario reside en su comprension del Estado como un instrumento potencialmente neutral, susceptible de ser reorientado mediante una "mejor gestion" o una correlacion de fuerzas favorable a la clase obrera. Desde nuestra perspectiva materialista basada en la ley del valor consideramos, el Estado no constituye un simple aparato tecnico-administrativo ni un terreno vacio de disputa, sino una forma historica especifica de organizacion del poder politico correspondiente al modo de produccion capitalista. 

Marx subraya que el Estado moderno surge como condensación de las relaciones sociales de producción dominantes y actúa como garante de las condiciones generales de la acumulación de capital (Marx, 1867/2008; Marx, 1894/2009). Su función esencial no es la satisfacción de las necesidades sociales, sino la reproducción del trabajo asalariado, la propiedad privada de los medios de producción y el orden jurídico que permite la valorización del capital. En este marco, las políticas estatales, incluso aquellas revestidas de un lenguaje "popular" o "antiimperialista", se encuentran estructuralmente condicionadas por las exigencias del proceso de acumulación.

La burocracia como fracción funcional del capital

El artículo tiende a presentar a la burocracia como una desviación contingente o una deformación moral del proyecto chavista. Sin embargo, esta caracterización oscurece el carácter estructural de la burocracia estatal como una fracción específica vinculada a la gestión del capital social nacional. Lejos de constituir un cuerpo parasitario externo al sistema, la burocracia cumple un papel activo en la administración de las contradicciones del capital, mediando entre las exigencias del mercado mundial y la reproducción de la fuerza de trabajo en el plano interno.

Como señala Marx en su análisis del Estado y de la administración pública, la expansión de la burocracia no es el resultado de una patología política - izquierdista o derechista -, sino una consecuencia del desarrollo de las funciones del Estado en una sociedad atravesada por antagonismos de clase irreconciliables. En contextos de crisis, la burocracia no elimina dichas contradicciones, sino que las gestiona, frecuentemente mediante mecanismos de coerción económica, disciplinamiento salarial y control social.

En el caso venezolano, la emergencia de una nueva burocracia estatal —frecuentemente presentada como "revolucionaria" — no alteró las relaciones sociales fundamentales, sino que se integró como una fracción que participa de la apropiación de plusvalía y de la redistribución del excedente en el marco de una economía rentística y dependiente.

La ilusión del "capitalismo con rostro popular"

La noción implícita de un "capitalismo con rostro popular", presente tanto en el discurso chavista como en ciertas lecturas críticas progresistas o  nacionalistas- estatistas que lo reducen a un problema de gestión, expresa una incomprensión profunda de las leyes del modo de producción capitalista. Esta ilusión se basa en la creencia de que es posible conservar las formas fundamentales del capital —mercancía, dinero, salario y Estado— y, al mismo tiempo, neutralizar sus efectos sociales mediante políticas redistributivas, controles administrativos o apelaciones a la soberanía nacional.

Sin embargo, como demuestra Marx, la explotación no es un resultado accidental de una mala administración, sino una relación social inscrita en la forma misma del trabajo asalariado (Marx, 1867/2008, t. I, cap. VI). Mientras la fuerza de trabajo se presente como mercancía y el proceso productivo esté orientado a la valorización del valor, cualquier intento de humanizar el capitalismo se verá obligado a reproducir, bajo nuevas formas y circunstancias, la misma lógica de explotación y dominación.

En este sentido, el fracaso del proyecto chavista no puede explicarse únicamente por la presión externa o por los errores de una burocracia corrupta, sino por el intento de conciliar intereses antagónicos: la acumulación de capital y la emancipación del trabajo. La pretensión de un capitalismo regulado, soberano y socialmente justo choca inevitablemente con las determinaciones objetivas del mercado mundial y la competencia capitalista.

Estado fuerte, trabajo débil

Lejos de fortalecer a la clase trabajadora, la expansión del aparato estatal en el marco de una economía capitalista dependiente o atrasada tiende a reforzar los mecanismos de subordinación del trabajo. El Estado "fuerte" se convierte, en estas condiciones, en el instrumento mediante el cual se impone la disciplina del capital allí donde el mercado no logra hacerlo de manera espontánea. Congelamiento salarial, flexibilización encubierta, monetización regresiva y control de la protesta social aparecen así como expresiones necesarias de la función estatal en contextos de crisis de valorización.

Desde esta perspectiva, la oposición entre "Estado fuerte"  y "neoliberalismo" resulta engañosa. Ambos representan formas distintas —pero complementarias— de la dominación capitalista, adaptadas a diferentes fases del ciclo de acumulación. La crítica marxista no puede, por lo tanto, limitarse a elegir entre modelos de gestión estatal, sino que debe apuntar a la superación de las relaciones sociales que hacen necesario al Estado como garante de la explotación.

La desvalorización de la fuerza de trabajo: el salario por debajo de su valor

En la teoría de Marx, el salario constituye la forma transfigurada del valor de la fuerza de trabajo. Dicho valor está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los medios de subsistencia indispensables para la reproducción del obrero como trabajador asalariado, es decir, para la reposición de su capacidad de trabajo (Marx, 1867/2008, t. I, cap. VI). Este componente del capital se expresa en la categoría de capital variable (v).

La pulverización del capital variable (v)

El artículo de La Izquierda Diario señala que el gobierno ha "pulverizado el salario", pero omite explicar la mecánica económica subyacente a este proceso. En el caso venezolano, el capital ha logrado imponer una situación que Marx describe como excepcional, aunque plenamente compatible con las leyes del capitalismo: la reducción sistemática del precio de la fuerza de trabajo por debajo de su valor.

Si el valor de la fuerza de trabajo está dado por el conjunto de bienes necesarios para la recuperación física y social del obrero —alimentación, vivienda, salud, transporte—, y si el salario mínimo efectivo llegó a situarse por debajo de los 5 dólares mensuales, nos encontramos ante un proceso de extracción de plusvalía que se apoya directamente en la degradación material del proletariado. En estas condiciones, la reproducción normal de la fuerza de trabajo queda comprometida, y el salario deja incluso de cumplir su función mínima dentro del sistema capitalista.

Mientras el artículo atribuye este fenómeno principalmente a la "gestión burocrática", una crítica fundada en la teoría del valor permite comprender que dicha burocracia ha operado como un capitalista colectivo. Ante la imposibilidad estructural de elevar la productividad del trabajo —y, por lo tanto, de incrementar la plusvalía relativa—, el Estado recurrió crecientemente a mecanismos de plusvalía absoluta y de superexplotación, prolongando y profundizando la extracción de trabajo excedente.

El aumento de la tasa de plusvalía (s’)

La tasa de plusvalía se expresa como la relación entre la plusvalía (s) y el capital variable (v):

En el caso venezolano, la tendencia a la reducción extrema de v implica que la tasa de explotación (s') tiende, teóricamente, al infinito. Incluso en un contexto de caída de la producción total —es decir, de crisis de valorización—, la proporción de la jornada laboral que el trabajador dedica a reproducir el equivalente de su salario se reduce a una fracción mínima del tiempo de trabajo total. El resto de la jornada, siempre que existan insumos y condiciones mínimas de producción, se convierte en trabajo excedente apropiado por el Estado o por el capital privado.

Tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente

El artículo de La Izquierda Diario denuncia la "asfixia de la iniciativa de las masas". Desde una perspectiva marxista, esta formulación resulta imprecisa y debe ser reformulada: el Estado venezolano ha extendido el tiempo de trabajo excedente no solo en el ámbito de la producción directa, sino también en la esfera de la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo.

Trabajo no remunerado de circulación: cuando el obrero debe dedicar varias horas diarias a hacer filas para acceder a alimentos subsidiados, transporte o servicios básicos, está realizando un trabajo indispensable para la reproducción de su fuerza de trabajo que ya no es cubierto por el salario. Este tiempo, aunque no figure como jornada laboral formal, constituye una extensión material del tiempo de trabajo necesario desplazado fuera de la relación salarial.

Desvalorización técnica del trabajo: Marx señala que cuando la maquinaria y el capital constante (c) son técnicamente obsoletos, el tiempo de trabajo individual requerido para producir una mercancía se incrementa. En el caso venezolano, esto implica que el tiempo de trabajo del obrero supera ampliamente el Tiempo de Trabajo Socialmente Necesario (TTSN) vigente a escala mundial, lo que invalida socialmente dicho trabajo en el mercado internacional.

Bloqueo, mercado mundial y desvalorización del capital

Cuando el artículo afirma que "el imperialismo bloquea las cuentas del país, impidiendo la compra de alimentos y medicinas", presenta el fenómeno como una agresión puramente política. Sin embargo, el bloqueo constituye la expresión política de un proceso económico más profundo: el capital internacional se niega a reconocer el trabajo venezolano como valor socialmente válido, en la medida en que no puede completarse el ciclo de valorización D – M – D’.

Lejos de tratarse de una anomalía moral o de una conspiración externa, esta "desconexión" responde a la lógica del capital global, que excluye de los circuitos de financiación, crédito y comercio a aquellas unidades productivas que ya no garantizan una tasa de ganancia atractiva. El artículo victimiza al Estado venezolano, cuando en realidad el mercado mundial simplemente sanciona a una economía caracterizada por una baja composición orgánica del capital, una productividad insuficiente y una incapacidad estructural para valorizar capital a escala internacional.

El capital ficticio y la deuda como succión de valor

En el tomo III de El capital, Marx analiza el capital ficticio como un conjunto de títulos de propiedad —bonos, acciones, deuda pública— que otorgan derecho a una porción de la plusvalía futura sin representar directamente capital productivo en funcionamiento (Marx, 1894/2009, t. III, caps. XXV y XXIX). Estos títulos no son valor en sí mismos, sino derechos de apropiación sobre valor aún no producido, cuya existencia descansa en la expectativa de valorización futura.

El artículo de La Izquierda Diario menciona el peso de la deuda externa, pero no examina su función específica dentro de la dinámica de acumulación capitalista. Desde la perspectiva de la teoría del valor, la política del chavismo consistente en honrar el pago de la deuda mediante la renta petrolera implicó una transferencia sistemática de valor ya producido —trabajo muerto cristalizado en petróleo extraído— a cambio de capital ficticio internacional. En lugar de constituir una política de "defensa nacional", esta práctica reforzó la subordinación de la economía venezolana a los circuitos financieros globales.

En términos marxistas, el pago de la deuda no representa una relación entre Estados soberanos, sino una relación social de clase mediada por el capital financiero, en la cual el trabajo social venezolano es absorbido por acreedores que reclaman una parte de la plusvalía futura sin intervenir en el proceso productivo. La deuda opera así como un mecanismo de succión de valor, profundizando la dependencia y restringiendo las posibilidades de reproducción ampliada del capital a escala nacional.

Desde este ángulo, la "lucha antiimperialista" formulada en el artículo resulta conceptualmente incompleta, en la medida en que no cuestiona la forma-dinero ni las relaciones sociales que hacen posibles estas transferencias de valor. Mientras Venezuela continúe midiendo su "riqueza" en dólares o en el valor de cambio del petróleo en el mercado mundial, permanecerá sometida a la ley del valor, con independencia del discurso soberanista del gobierno o de las consignas de movilización promovidas por la izquierda movimentista.

En ausencia de una crítica radical a las formas fundamentales del capital —dinero, mercancía, salario y crédito—, el antiimperialismo queda reducido a una posición moral o retórica que no altera los mecanismos reales de dominación del capital financiero internacional.

El imperialismo: ¿ataque externo o necesidad de la ley del valor?

En este capítulo se analiza la afirmación del artículo según la cual "el imperialismo busca el control directo de los recursos y la disciplina de un Estado díscolo", confrontándola con la teoría marxista de la exportación de capitales y con la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

El imperialismo como fase superior de la valorización

Para Marx, el fenomeno que hoy llama la izquierda imperialismo no es una opcion politica de Estados beligerantes, sino la necesidad intrinseca del capital de romper sus fronteras nacionales para contrarrestar la caida de su tasa de ganancia. El error del articulo reside en analizar el conflicto bajo la categoria idealista de confrontación entre "soberanía" y "dominación externa", cuando en realidad se trata de una disputa estructural por la apropiación de plusvalía extraordinaria, cuando se trata de una necesidad estructural del modo de produccion capitalista: la expansion del mercado mundial y la busquedad de nuevas fuentes de materias primas y fuerza de trabajo para garantizar la acumulacion. No es una disputa por la dominacion politica, per se, sino una lucha por la valorizacion del capital y la captura de plusvalia a escala global. 

Al hablar de "ataque imperialista", el texto sugiere implícitamente que, bajo condiciones políticas distintas —por ejemplo, con un imperialismo "más democrático" —, la relación entre Estados Unidos y Venezuela podría adoptar otra forma. Desde la teoría del valor, esta hipótesis resulta insostenible. El imperialismo debe intervenir en Venezuela no por razones morales o ideológicas, sino porque el capital, enfrentado a procesos de sobreacumulación en los centros desarrollados, necesita imperiosamente nuevos espacios de valorización, acceso a materias primas y mecanismos de transferencia de valor.

Exportación de capitales y bloqueo

El artículo coloca un énfasis casi exclusivo en las sanciones y el bloqueo económico. Sin embargo, desde la economía política marxista, el bloqueo debe ser comprendido como la negación del reconocimiento del valor.

La desconexión del valor: El imperialismo no actúa únicamente bloqueando buques o cuentas bancarias, sino retirando capitales cuando la explotación deja de ser rentable. La salida de empresas transnacionales de Venezuela expresa el reconocimiento de que la composición orgánica del capital (c/v) en el país es tan desfavorable que no permite alcanzar la tasa media de ganancia mundial.

El capital no tiene patria: El artículo menciona el avance de Rusia y China, tendiendo a presentarlos como actores "alternativos". Sin embargo, una crítica basada en la teoría del valor muestra que el capital chino o ruso extrae plusvalía de la misma forma que el capital estadounidense. El imperialismo no es un país ni una bandera: es el movimiento del capital en busca de condiciones óptimas de valorización, orientado a transformar valores de uso en mercancías al menor costo posible.

La consigna de la "lucha antiimperialista continental"

La consigna que cierra el artículo —"la perspectiva de una lucha antiimperialista continental" —  constituye, desde la teoría del valor, uno de sus puntos más débiles.

La trampa del mercado mundial: Una "lucha continental" que no rompa con la producción de mercancías está estructuralmente condenada al fracaso. Si los países de la región se articulan políticamente pero continúan compitiendo entre sí para exportar materias primas al mercado mundial, la ley del valor los enfrentará inevitablemente mediante diferenciales de productividad, salarios y tipos de cambio.

Unidad de clase versus unidad nacional: El artículo propone una unidad contra el "imperialismo" - pero Marx advierte que el proletariado no tiene patria. La auténtica lucha antiimperialista no consiste en defender Estados nacionales "soberanos", sino en destruir las relaciones sociales de producción capitalistas que hacen posible la existencia del imperialismo como forma histórica del capital.

La renta petrolera en la cadena de valorización

El artículo aborda el petróleo como una "riqueza nacional". Sin embargo, desde el tomo III de El Capital, el petróleo debe ser comprendido como una fuente de renta diferencial del suelo.

Cuando el texto denuncia "el saqueo de nuestras riquezas por parte de las transnacionales", introduce una categoría moral y jurídica que oscurece el fenómeno económico real. El imperialismo no "roba": captura renta. Dicha renta no es producida por el trabajo en Venezuela, sino por el trabajo de la clase obrera mundial, y se cristaliza en el precio internacional del barril.

El chavismo, al intentar retener esta renta para financiar su aparato estatal burocrático, entró en conflicto con las petroleras por el reparto del botín de plusvalor, no por la emancipación del trabajo ni por la superación de las relaciones capitalistas.

El programa de la "salida obrera"  frente a la dictadura del valor

En esta sección se aborda la propuesta política central del artículo de La Izquierda Diario. Mientras el texto plantea una "salida obrera y popular" basada en un programa de reivindicaciones urgentes, una crítica marxista rigurosa debe interrogarse si es posible una "salida" dentro de los márgenes de la ley del valor, o si se trata simplemente de una gestión democrática de la miseria capitalista.

El límite del "programa de emergencia" 

El artículo propone medidas como el aumento de salarios, el control de precios y la nacionalización de la banca. Desde la teoría del valor, estas son medidas que operan en la esfera de la distribución, no en la de la producción.

Marx critica en el Programa de Gotha la idea de que el problema fundamental del capitalismo radique en una distribución injusta. Mientras el modo de producción siga basado en el valor de cambio y el trabajo asalariado, cualquier aumento salarial impuesto por decreto chocará con la tasa de ganancia.

Si la "salida obrera" no implica la destrucción de la forma mercancía, el control obrero de las fábricas corre el riesgo de convertirse en la gestión de unidades productivas quebradas, obligadas a competir en un mercado mundial hostil. En ese escenario, los propios trabajadores se verían empujados a autoexplotarse para reducir costos y poder realizar sus productos.

Nacionalización de la banca y del comercio exterior

La consigna de "nacionalización de la banca y del comercio exterior bajo control obrero" busca impedir la fuga de capitales y el acaparamiento. Sin embargo, analizada desde la crítica del capital ficticio desarrollada en el tomo III de El Capital, incurre en un especie de fetichismo de la banca.

El dinero no es un simple instrumento neutral controlado por burócratas o banqueros, sino la forma desarrollada del trabajo social abstracto. Nacionalizar la banca sin abolir el dinero implica, en los hechos, colocar a los trabajadores en la tarea de administrar la escasez de divisas, la deuda y la subordinación al mercado mundial.

Venezuela no es una isla. El comercio exterior está determinado por los precios de producción internacionales. Un "control obrero del comercio exterior" seguiría enfrentándose a la realidad de que el petróleo venezolano vale lo que dicta el tiempo de trabajo socialmente necesario validado en los principales centros del capital mundial.

El peligro del "socialismo de circulación" 

El artículo incurre en lo que Marx denominaba un "socialismo de circulación": la creencia de que el problema del capitalismo reside en los bancos, los precios o el imperialismo, y no en la producción de plusvalía.

Al proponer que los trabajadores tomen el control para "hacer funcionar el país", el texto corre el riesgo de convertir al proletariado en el gestor de un sistema que ha entrado en una crisis estructural de valorización. Desde la teoría del valor, la tarea histórica del proletariado no es administrar el capital de forma "justa", sino interrumpir la producción de valor y reorganizar la producción en función de valores de uso socialmente necesarios.

Conclusiones

El análisis de La Izquierda Diario, aunque valioso en su denuncia del imperialismo y de la burocracia chavista, permanece en la superficie de la política sin penetrar en las determinaciones de la economía política. Venezuela no es la víctima de un "ataque" contingente, sino el escenario en el que la ley del valor ha desplegado una de sus formas más brutales: la destrucción de una formación social que ha dejado de ser rentable para el capital global. La "salida obrera" no puede consistir en la reconstrucción de un capitalismo nacional bajo control de los trabajadores, sino en un proceso de ruptura orientado a la socialización de los medios de producción y de la vida social, mediante la abolición del salario, del dinero y de la forma mercancía.

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Referencias bibliográficas

Marx, K. (2008). El capital. Crítica de la economía política. Tomo I. México: Siglo XXI.

Marx, K. (2009). El Capital. Crítica de la economía política. Tomo III. México: Siglo XXI. 

Marx, K. (2004). Crítica del Programa de Gotha. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg. 

Marx, K., & Engels, F. (2004). Manifiesto del Partido Comunista. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.

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